La tragedia que envolvió a Paloma Nicole, la adolescente de 14 años que murió tras someterse a una cirugía estética en Durango, sigue generando nuevas revelaciones. Ahora, una nueva denuncia apunta directamente al cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo y a la madre de la menor, Paloma Yazmín Escobar, quienes ya enfrentan fuertes señalamientos por presunta mala praxis médica.
De acuerdo con el médico Jorge Octavio Arroyo Martínez, conocido como Mr Doctor, otra persona se sumó a la lista de presuntas víctimas de Rosales. Su testimonio fue respaldado por el abogado Christian Jafet Montenegro Chairez, representante legal de la afectada, quien relató que su cliente se sometió a una blefaroplastia en una clínica particular, pero terminó con graves secuelas: un párpado mal intervenido que le provocó triquiasis, condición en la que las pestañas crecen hacia el interior del ojo causando dolor constante.
Montenegro explicó que esta denuncia se suma a la ya existente por el caso de Paloma Nicole. “Mi cliente sufrió una cirugía fallida, mal realizada, y esto lo llevó a presentar una denuncia penal contra Víctor Manuel Rosales por ejercicio indebido de la profesión”, señaló.
La madre de Paloma, señalada como “enfermera” sin título
El abogado también reveló un hecho que ha causado indignación: Paloma Yazmín Escobar, madre de la adolescente fallecida, habría participado como asistente en varias cirugías, pese a no contar con estudios de Medicina ni Enfermería. Según el testimonio, esto sucedió incluso en hospitales públicos, donde Rosales realizaba procedimientos.
Por su parte, el padre de Paloma Nicole ya había advertido sobre esta práctica irregular, la cual pone en duda la seguridad de los pacientes y abre un nuevo frente legal contra la pareja.
Un caso que destapa riesgos de la cirugía estética en México
La muerte de Paloma Nicole, ocurrida tras una cirugía de aumento de busto, liposucción y lipotransferencia, expuso los riesgos de las intervenciones estéticas en menores de edad y la falta de regulación en clínicas privadas. Ahora, las nuevas denuncias contra Rosales y Escobar refuerzan la exigencia de justicia y de mayor control en este tipo de procedimientos.
Las autoridades en Durango ya investigan estos casos, mientras la opinión pública sigue de cerca un proceso que podría sentar un precedente legal y social sobre la responsabilidad médica y el cuidado de los pacientes más vulnerables.
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