Tras nueve días de sesiones, el organismo internacional escuchó testimonios de madres buscadoras, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, quienes piden que el dictamen sea contundente y que la situación se lleve con urgencia a la Asamblea General.
“Esperábamos una respuesta inmediata, pero confiamos en que después vendrá lo bueno”, expresó María Luisa Lazarín, madre de un joven desaparecido en Coahuila desde 2009. Los colectivos insisten en que la impunidad es casi total: entre 2017 y enero de 2025 solo se han emitido 373 condenas relacionadas con desapariciones.
Posible activación del artículo 34
La ONU analizará ahora si procede activar el mecanismo previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional, lo que representaría un precedente histórico. Aunque no se llegó a una conclusión en esta fase, fuentes cercanas al proceso señalan que el Comité no quiere precipitarse, ya que la decisión podría marcar un antes y un después en el tratamiento internacional del tema.
Además, factores como la reciente clausura de la Asamblea General en Nueva York y la crisis financiera de la ONU retrasarían la discusión hasta la siguiente sesión.
México bajo observación internacional
Organizaciones como el Centro Fray Juan de Larios y FUUNDEC reiteraron que el Estado mexicano ha fallado en atender las causas estructurales de la crisis de desapariciones, a pesar de aceptar la competencia del Comité desde 2019.
En total, la ONU ha emitido 773 acciones urgentes sobre casos en México, la cifra más alta contra cualquier otro país miembro. Para los familiares de las víctimas, el mensaje es claro: mientras no haya verdad, justicia y garantías de no repetición, la presión internacional seguirá aumentando.
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