En un giro drástico en la estrategia antidrogas, el Departamento de Justicia de EE.UU. ha acusado formalmente a altos mandos del Cártel de Sinaloa de «narcoterrorismo«. Esta designación legal, la primera de su tipo contra el grupo, eleva la lucha del ámbito criminal al de la seguridad nacional, con profundas implicaciones para México.
El gobierno de Estados Unidos ha dado un paso sin precedentes que redefine su enfrentamiento con el crimen organizado mexicano. A través de una acusación formal revelada el 13 de mayo, líderes clave del Cártel de Sinaloa han sido imputados por primera vez con cargos de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo, una escalada legal que endurece las penas y cambia las reglas del juego en la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Esta nueva clasificación no es solo un tecnicismo legal; representa un cambio fundamental en la forma en que Washington percibe y combate a los cárteles, tratándolos ya no solo como organizaciones criminales, sino como amenazas directas a su seguridad nacional.
Los acusados: Cae el martillo sobre la cúpula del Cártel
La acusación se centra en figuras de alto perfil dentro de la organización, específicamente en la facción conocida como la Organización de los Beltrán Leyva (BLO), descrita por las autoridades estadounidenses como «la red de producción de fentanilo más grande conocida en el mundo».
Los principales acusados son:
- Pedro Inzunza Noriega, alias «Sagitario» o «El De La Silla», de 62 años.
- Pedro Inzunza Coronel, alias «Pichón», de 33 años, hijo del primero.
Ambos enfrentan una letanía de cargos que incluyen narcoterrorismo, conspiración para distribuir sustancias controladas y lavado de dinero. Estas acciones se suman a la reciente detención de otro miembro de alto rango del cártel, Emmanuel Martimiano Leon-Soto, arrestado en Arizona.
El cargo clave: ¿Qué significa ser acusado de «narcoterrorismo»?
La gravedad de la situación radica en la nueva tipificación del delito. La acusación es el resultado directo de la Orden Ejecutiva 14157, que designó oficialmente al Cártel de Sinaloa como una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) el 20 de febrero de 2025.
Este cambio tiene consecuencias drásticas:
- Penas Mucho Más Severas: Los cargos de narcotráfico conllevan penas severas, pero el cargo de narcoterrorismo eleva la sentencia a un mínimo obligatorio de 20 años y un máximo de cadena perpetua.
- Mayores Poderes de Investigación: La designación como FTO otorga a las agencias de seguridad de EE.UU. un abanico más amplio de herramientas de vigilancia, investigación y congelamiento de activos, similares a las utilizadas contra grupos como Al-Qaeda o ISIS.
- Cambio de Jurisdicción: El caso pasa de ser un asunto puramente criminal a uno de seguridad nacional, involucrando a agencias como el FBI y la comunidad de inteligencia de manera más profunda.
La reacción oficial: «Sus días de brutalizar terminaron»
El lenguaje utilizado por los altos funcionarios estadounidenses refleja la seriedad de esta nueva postura. Lejos de la retórica habitual sobre el combate al narcotráfico, las declaraciones adoptan un tono de guerra contra el terror.
«El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista compleja y peligrosa, y desmantelarlos exige una respuesta legal novedosa y poderosa. Sus días de brutalizar al pueblo estadounidense sin consecuencias han terminado; buscaremos cadena perpetua para estos terroristas.» – Fiscal General Pamela Bondi.
Por su parte, el fiscal federal Adam Gordon describió a los narcoterroristas como un «cáncer dentro de un estado» que «metastatiza la violencia, la corrupción y el miedo».
Esta designación como FTO es una herramienta geopolítica de enorme presión sobre México. Si bien apunta a debilitar a las organizaciones criminales, también lleva implícita una crítica a la capacidad del Estado mexicano para controlar su propio territorio. En un contexto donde desde Estados Unidos se han amenazado con aranceles o acciones militares si no se frena el flujo de drogas , la etiqueta de «narcoterrorismo» proporciona a Washington un marco legal y político para justificar futuras acciones unilaterales más agresivas, lo que podría generar serias fricciones en la relación bilateral y ser visto en México como una forma de «intervencionismo», un tema de alta sensibilidad para el gobierno actual.
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