Luis Ángel “N”, acusado por su presunta participación en el asesinato de la periodista María Elena Ferral Hernández, ocurrido en Papantla, Veracruz, fue liberado tras no lograrse demostrar su responsabilidad en el delito. La decisión judicial refleja las dificultades de la Fiscalía General del Estado (FGE) para sostener pruebas en casos de crímenes contra comunicadores en la región.

Este hecho ha generado alarma entre familiares de la víctima y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, quienes consideran que la justicia veracruzana ha fallado en garantizar sanciones efectivas contra los responsables del homicidio.

La reacción de la familia de la víctima

Fernanda de Luna Ferral, hija de la periodista, expresó su indignación ante la liberación de Luis Ángel “N” y señaló que es el segundo señalado en el asesinato de su madre que queda en libertad debido a fallas en la investigación.

La joven manifestó su temor de que los demás implicados en el crimen también puedan obtener el mismo resultado, destacando la falta de confianza en las autoridades locales:

«La verdad ya no espero justicia, ya en ese punto del proceso no creo que vayamos a obtener justicia por María Elena Ferral… solamente exigimos lo que nos merecemos como víctimas: respeto y que estos casos no se caigan.»

Fernanda de Luna enfatizó que la FGE no ha logrado demostrar ante los tribunales la participación de cada uno de los 9 implicados, lo que ha permitido la liberación de dos de ellos, mientras que siete permanecen bajo custodia.

Avances y obstáculos en el caso

A pesar de las acusaciones y la detención inicial de algunos implicados, el caso del homicidio de María Elena Ferral ha mostrado constantes obstáculos procesales. La dificultad para probar la participación individual de los acusados ha debilitado la percepción de justicia en Veracruz, especialmente en casos de crímenes contra periodistas.

La FGE enfrenta críticas por su incapacidad de sostener los procesos judiciales, lo que ha provocado que se otorguen amparos a varios de los señalados. Esto refleja un patrón preocupante en la administración de justicia en la región, donde los delitos contra comunicadores suelen quedar impunes o con resultados parciales.

La ausencia del autor intelectual

Otro aspecto que ha generado controversia es la acusación contra el exdiputado local Camerino Basilio Picazo como presunto autor intelectual del atentado contra María Elena Ferral. A pesar de las acusaciones, hasta la fecha no ha sido detenido, lo que ha aumentado la frustración de la familia y de los colegas de la periodista.

El hecho de que el presunto autor intelectual permanezca en libertad pone en evidencia las limitaciones del sistema judicial veracruzano para investigar y sancionar a quienes planifican ataques contra periodistas, dejando un mensaje de impunidad que afecta la protección de la libertad de expresión.

Impacto en la libertad de prensa

El caso de María Elena Ferral subraya la vulnerabilidad de los periodistas en México, en especial en estados con altos niveles de violencia y corrupción. La liberación de implicados y la falta de detención de presuntos autores intelectuales alimentan un clima de inseguridad que puede desincentivar la labor periodística y generar autocensura.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que la impunidad en crímenes contra periodistas socava el Estado de derecho y debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de proteger la vida y los derechos de los comunicadores.

La liberación de Luis Ángel “N” evidencia los retos estructurales de la justicia en Veracruz para procesar y sancionar crímenes contra periodistas. La falta de pruebas claras, los amparos concedidos y la ausencia de acción contra el presunto autor intelectual reflejan un panorama preocupante de impunidad.

La familia de María Elena Ferral exige respeto y justicia, mientras la sociedad observa con atención la capacidad de las autoridades veracruzanas para garantizar la protección de los periodistas y el cumplimiento de la ley. Casos como este resaltan la necesidad de reforzar los mecanismos de investigación, persecución y sanción frente a delitos que atentan contra la libertad de prensa y los Derechos Humanos en México.