La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró este viernes su “preocupación” por las presiones del Gobierno de Ecuador a la Corte Constitucional, tras una serie de declaraciones y acciones impulsadas por el presidente Daniel Noboa y miembros de su gabinete.

De acuerdo con el organismo, estas presiones representan una amenaza a la independencia judicial y podrían comprometer tanto el funcionamiento del tribunal como la seguridad de sus integrantes.

Un segundo llamado de atención

No es la primera vez que la CIDH se pronuncia sobre este tema. El organismo ya había emitido un primer aviso cuando Noboa convocó a una marcha contra la Corte Constitucional, en respuesta a fallos contrarios a las propuestas de su gobierno.

En esta ocasión, la Comisión subrayó que “la separación de poderes y la independencia judicial son fundamentales en los sistemas constitucionales de pesos y contrapesos”, pilares esenciales de cualquier democracia.

La importancia de la labor judicial

En su comunicado, la CIDH destacó que el trabajo de las y los jueces constitucionales es clave para:

• Garantizar los Derechos Humanos.
• Proteger el sistema democrático frente a posibles abusos de poder.
• Mantener un equilibrio entre las distintas ramas del Estado.

El organismo advirtió que las críticas y presiones públicas por parte de altos funcionarios —incluyendo ministros— generan un ambiente que podría inhibir la labor de los magistrados.

Riesgos para la seguridad y el trabajo de la Corte

La CIDH también alertó que, sumadas a un “ambiente digital hostil”, estas presiones podrían poner en riesgo:

• La seguridad personal de los jueces y sus equipos de trabajo.
• El margen de independencia y libertad de decisión de la Corte Constitucional.

El comunicado enfatizó que cualquier intento de debilitamiento del poder judicial atenta contra la democracia y afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

La postura del Gobierno de Ecuador

Hasta el momento, el Ejecutivo ecuatoriano no ha emitido una respuesta oficial al pronunciamiento de la CIDH. Sin embargo, las tensiones entre el presidente Noboa y el máximo tribunal del país reflejan un escenario de creciente conflicto político e institucional.

Las organizaciones internacionales y de la sociedad civil han pedido al gobierno garantizar el respeto a la independencia judicial, así como abstenerse de discursos que puedan incitar hostilidad contra los jueces constitucionales.

El pronunciamiento de la CIDH sobre Ecuador refuerza la preocupación internacional respecto a la tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. La insistencia en preservar la independencia judicial no solo apunta a proteger a los magistrados, sino también a salvaguardar los principios básicos de la democracia en el país andino.