En un esfuerzo por combatir la corrupción y garantizar la legitimidad de los procesos democráticos, la Policía Federal ha puesto en marcha una operación destinada a desarticular esquemas de compra de votos que habrían beneficiado a concejales actualmente en funciones en Cabo Frio y São Pedro da Aldeia.
Allanamientos y Pruebas Incriminatorias
En el marco de esta operación, los agentes federales cumplieron siete órdenes de registro y embargo en los domicilios de los políticos investigados, así como en las sedes de las Cámaras Municipales de ambas ciudades. Estas órdenes judiciales fueron emitidas por la Justicia Electoral, el órgano encargado de velar por la transparencia de las elecciones en Brasil.
Según los primeros hallazgos revelados por la PF :
* En Cabo Frio: Las investigaciones se iniciaron el mismo día de la primera vuelta de las elecciones municipales de 2024. En aquella ocasión, trabajadores de una campaña electoral fueron conducidos a la comisaría de la PF bajo sospecha de compra de votos, incautándoseles propaganda electoral («santinhos») y una suma de dinero en efectivo fraccionada en billetes de R$100. Ahora, la PF ha obtenido acceso a conversaciones que indican que un empleado de un hospital municipal de Cabo Frio habría estado agendando citas médicas como forma de intercambio por votos para un candidato que resultó electo.
* En São Pedro da Aldeia: Durante la primera vuelta electoral, un votante fue sorprendido y conducido a dependencias policiales por estar filmando la urna electrónica en el momento de emitir su voto. Las investigaciones posteriores revelaron que esta grabación se habría realizado a instancias de un operador de campaña de uno de los candidatos a concejal de la ciudad –quien también fue electo– con el objetivo de probar el voto para recibir a cambio una suma de R$100 previamente negociada. Las conversaciones obtenidas por la PF detallan toda la negociación, incluyendo que el dinero sería entregado en el comité de campaña del candidato.
Estos hallazgos preliminares pintan un cuadro preocupante sobre la persistencia de prácticas de corrupción electoral a nivel municipal, donde se utilizan tanto recursos públicos (como el acceso a servicios de salud) como dinero en efectivo para torcer la voluntad popular. Estas acciones socavan la legitimidad democrática desde su base.
Posibles Consecuencias Legales
Los concejales y otros individuos involucrados en estas tramas enfrentan la posibilidad de ser acusados formalmente por el delito de corrupción electoral. Además, no se descarta que durante el avance de las investigaciones surjan pruebas de la comisión de otros delitos conexos.
La importancia de la vigilancia y la denuncia ciudadana queda de manifiesto en estos casos, ya que las investigaciones a menudo se inician o se fortalecen gracias a la información proporcionada por ciudadanos o al descubrimiento de irregularidades durante el propio proceso electoral, como fue el caso de la filmación de la urna. El incidente de la filmación también muestra cómo la tecnología puede ser utilizada tanto para intentar cometer fraude como, potencialmente, para descubrirlo, lo que plantea desafíos continuos para la fiscalización electoral.
«Conversaciones indican que un empleado de un hospital municipal de Cabo Frio habría estado agendando citas médicas como forma de intercambio por votos para un candidato que resultó electo.»
La Policía Federal continúa con las investigaciones para determinar el alcance total de estas redes de corrupción y llevar a todos los responsables ante la justicia.
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