La muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrida el 1º de noviembre, continúa generando interrogantes sobre los protocolos de seguridad y la responsabilidad de sus escoltas. A más de una semana del crimen, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que los policías municipales asignados a la protección del edil volverán a declarar ante las autoridades y que no están detenidos, aunque sí localizados y colaborando con la investigación.
El mensaje de Harfuch: “Las investigaciones siguen abiertas”
Durante la conferencia matutina, García Harfuch explicó que los agentes que formaban parte del primer círculo de seguridad de Manzo serán citados nuevamente:
“Los policías municipales que integraban la escolta no están bajo arresto, pero están yendo a declarar cada que se les llame.”
Esta aclaración responde a versiones difundidas por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien afirmó que uno de los escoltas del alcalde había disparado contra el agresor responsable del asesinato. Sin embargo, los peritajes aún no determinan con certeza qué arma fue la que ultimó tanto al atacante como al propio edil.
Sedena defiende a la Guardia Nacional
El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, también intervino en el caso al asegurar que “el protocolo de la Guardia Nacional no falló”. Según explicó, el nivel de seguridad del alcalde pudo haberse incrementado si Manzo hubiera aceptado una protección más cercana de la corporación federal:
“Si desde un principio hubiera aceptado que la Guardia Nacional lo protegiera más de cerca, su nivel de seguridad se habría incrementado.”
Trevilla insistió en que la investigación está en manos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, y que serán las autoridades competentes quienes determinen responsabilidades.
Una estrategia de seguridad en revisión
El caso Manzo ha encendido nuevamente las alarmas sobre la seguridad en Michoacán, una de las regiones más afectadas por la violencia del crimen organizado. El general Trevilla informó que la Guardia Nacional actualmente brinda 70 servicios de escolta con un total de 450 efectivos, destinados a proteger a funcionarios en riesgo.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la estrategia de seguridad puede “perfeccionarse”, pero defendió que el gobierno federal ya trabaja en reforzar la presencia militar y encapsular a los grupos criminales para reducir enfrentamientos.
El contexto del crimen de Carlos Manzo
El asesinato del alcalde de Uruapan fue un golpe simbólico: representaba a una de las ciudades más importantes de Michoacán y había denunciado amenazas previas. La agresión ocurrió en un espacio público, a plena luz del día, lo que desató cuestionamientos sobre la eficacia de los protocolos de protección.
La investigación se ha centrado en determinar si el ataque fue un atentado planeado y si existió algún grado de negligencia en la protección del edil. Por ahora, la Fiscalía General del Estado no descarta que el crimen esté vinculado con disputas locales por el control de la zona.
Cooperación y lecciones
El general Trevilla advirtió que, a partir de este caso, la Guardia Nacional buscará mayor cooperación de los funcionarios protegidos para fortalecer los esquemas de seguridad. “No podemos proteger eficazmente a quien no coopera con el protocolo”, dijo.
El asesinato de Manzo deja una lección clara: la seguridad pública requiere coordinación, confianza y responsabilidad compartida entre autoridades locales, estatales y federales.
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