Dos operaciones, un mismo objetivo: combatir el narcotráfico
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes que logró sentencias condenatorias contra doce personas vinculadas con delitos contra la salud y delincuencia organizada. Las penas impuestas oscilan entre 10 y 14 años de prisión, resultado de dos operativos distintos realizados por fuerzas federales en Guerrero y Guanajuato durante 2024.
Ambas investigaciones fueron coordinadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que aportó las pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los acusados en delitos graves relacionados con el narcotráfico y la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Captura en alta mar: tres toneladas de cocaína aseguradas
El primer caso se remonta a noviembre de 2024, cuando elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) interceptaron una embarcación con nueve tripulantes a bordo, a aproximadamente 136 millas náuticas al suroeste de Acapulco, Guerrero.
Durante la inspección, las autoridades localizaron 102 bultos que contenían tres toneladas, 68 kilos y 438 gramos de clorhidrato de cocaína, cantidad suficiente para considerar el delito de tráfico a gran escala.
Los tripulantes —los mexicanos Luis “G”, José “B”, Missael “E” y Edisson “H”, junto con los ecuatorianos Néstor “M”, Luis “H”, Edgar “A”, Wilmer “H” y Jefferson “T”— fueron detenidos en el lugar y puestos a disposición del Ministerio Público Federal.
Tras la presentación de pruebas, un juez federal determinó imponerles una pena de 10 años de prisión, al encontrarlos responsables de delitos contra la salud, en la modalidad de transporte de cocaína con fines de distribución.
Este golpe al narcotráfico representa una de las mayores incautaciones marítimas registradas durante el año pasado, reforzando las acciones de vigilancia y combate al crimen organizado en costas del Pacífico mexicano.
Sentencias en Guanajuato por delincuencia organizada y narcotráfico
El segundo caso involucra a Omar “V”, José “F” y David “C”, detenidos en diciembre de 2024 en el municipio de Irapuato, Guanajuato, tras un operativo coordinado por la FGR con el apoyo de fuerzas de seguridad locales.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los tres individuos formaban parte de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas y acopio de armamento. En el operativo se aseguraron armas largas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como metanfetamina y marihuana listas para su distribución.
Con base en las pruebas presentadas, un juez federal en Guanajuato dictó una sentencia de 14 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército y posesión con fines de comercio de drogas.
Reforzamiento de acciones contra el crimen organizado
La FGR destacó que estas resoluciones reflejan el fortalecimiento de las investigaciones ministeriales y la coordinación con las fuerzas armadas para combatir a grupos criminales que operan tanto en tierra como en mar.
La dependencia señaló que la colaboración interinstitucional —entre la FEMDO, la Semar, la Comisión Nacional de Seguridad y autoridades estatales— ha sido clave para lograr detenciones y sentencias efectivas contra redes del narcotráfico.
La lucha judicial y su impacto en la seguridad
Si bien los especialistas coinciden en que las detenciones y sentencias son pasos importantes, también advierten que el narcotráfico sigue diversificando sus rutas y métodos de transporte. El caso de Guerrero demuestra el uso recurrente de embarcaciones rápidas para el tráfico marítimo, mientras que el operativo en Guanajuato pone en evidencia la presencia del crimen organizado en el Bajío, una región clave para el trasiego de drogas hacia el norte del país.
No obstante, las sentencias obtenidas por la FGR refuerzan el mensaje de que la impunidad no es una opción, y que los responsables de delitos graves enfrentarán penas severas.
Avances en la persecución penal del narcotráfico
Los dos casos recientes muestran la complejidad del combate al narcotráfico en México, que abarca desde operaciones marítimas internacionales hasta la infiltración del crimen organizado en el interior del país.
La obtención de sentencias firmes contra los doce acusados representa un paso más en la consolidación de la justicia penal federal y un recordatorio de que la coordinación entre autoridades civiles y militares sigue siendo fundamental para debilitar las estructuras criminales.
Con estas acciones, la FGR reafirma su compromiso con la seguridad nacional y el Estado de derecho, enviando una señal clara: los delitos contra la salud y la delincuencia organizada continúan siendo prioridad en la agenda de justicia mexicana.


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