Simulación de secuestro en Tacubaya encendió las alertas de las autoridades capitalinas luego de que un juez de control vinculó a proceso a una pareja acusada de secuestro agravado y simulación de secuestro en perjuicio de una menor de edad, quien fue privada de la libertad en dos ocasiones en la colonia Tacubaya, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El caso involucra a Jesús “N” y Lilian “N”, quienes presuntamente planearon los hechos ocurridos entre noviembre de 2025 y enero de 2026, con el objetivo de obtener dinero mediante amenazas dirigidas a familiares cercanos de la niña. La autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para iniciar proceso penal y ordenó prisión preventiva para ambos imputados.

Simulación de secuestro: Dos episodios de privación de la libertad y exigencias económicas

De acuerdo con la investigación ministerial, el primer evento ocurrió cuando el padre de la menor recibió una llamada de su expareja, Lilian “N”, informándole que la niña había sido secuestrada mientras se trasladaban en una motoneta por calles de Tacubaya. Posteriormente, un hombre identificado como Jesús “N” se comunicó con él para exigir 70 mil pesos en efectivo.

Las indagatorias revelaron que la menor nunca estuvo en riesgo real durante ese primer episodio, ya que permaneció dentro de un automóvil mientras se realizaban las llamadas de extorsión. El dinero fue entregado en una tienda de autoservicio en la zona de Santa Fe y, tras recibir el pago, los responsables liberaron a la niña en la colonia Bellavista, dentro de la alcaldía Álvaro Obregón.

Reincidencia y simulación del secuestro

El segundo intento ocurrió el 26 de enero, cuando los imputados repitieron el mismo esquema, esta vez contactando a la abuela de la menor para exigir 100 mil pesos a cambio de su liberación. En esta ocasión, la Policía de Investigación asesoró a la familia y recomendó no realizar ningún depósito.

Gracias a esta intervención, no se concretó el pago y tanto la menor como Lilian “N” aparecieron posteriormente sin lesiones. Este hecho permitió a las autoridades confirmar que se trataba de un caso de simulación de secuestro, ya que la supuesta víctima adulta formaba parte del engaño.

Pruebas clave para lograr la vinculación a proceso

La carpeta de investigación se fortaleció con entrevistas, testimonios, análisis de cámaras de videovigilancia y reportes de las llamadas extorsivas. Con estos elementos, el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión que fueron cumplimentadas por agentes de la Policía de Investigación en un operativo realizado también en Álvaro Obregón.

Durante la audiencia inicial, el juez de control determinó que existían datos de prueba suficientes para continuar el proceso penal por los delitos de secuestro agravado y simulación de secuestro, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva y estableciendo un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Un delito que afecta profundamente a las familias

Especialistas en seguridad señalan que los casos de secuestro, incluso cuando resultan ser simulados, generan un impacto emocional severo en las víctimas indirectas, especialmente en padres y abuelos. Además del daño psicológico, estas prácticas buscan obtener beneficios económicos aprovechándose del miedo y la urgencia de los familiares.

Autoridades capitalinas reiteraron que la denuncia oportuna y la colaboración con las instancias de investigación son fundamentales para evitar que este tipo de delitos se consumen. En este caso, la decisión de no entregar el dinero durante el segundo episodio fue clave para desmontar el engaño y proceder legalmente contra los responsables.

Avance judicial y mensaje de cero tolerancia

La vinculación a proceso representa un paso relevante para garantizar justicia a la menor y enviar un mensaje claro contra quienes intentan lucrar mediante amenazas y montajes delictivos. Las autoridades subrayaron que continuarán las diligencias para determinar si existen más personas involucradas y para asegurar que los responsables enfrenten las sanciones correspondientes conforme a la ley.

Mientras avanza el proceso, el caso se suma a los esfuerzos institucionales por combatir delitos de alto impacto en la Ciudad de México y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia o explotación.