Extorsión en Mazatlán vuelve a colocarse en el centro del debate público luego de que una jueza de control dictara prisión preventiva oficiosa contra dos hombres señalados como presuntos responsables de extorsión agravada y narcomenudeo en el Mercado de Abastos La Yarda, en el puerto sinaloense.

La medida cautelar fue impuesta a Víctor “N” y Luis “N”, quienes fueron presentados ante la autoridad judicial tras su detención por hechos ocurridos el pasado 10 de febrero de 2026. La audiencia inicial se celebró el 20 de febrero y continuará el próximo 24 de febrero a las 13:30 horas, fecha en la que se definirá su situación jurídica.

Extorsión en Mazatlán: Prisión preventiva oficiosa y proceso judicial en curso

Durante la audiencia inicial, los imputados optaron por reservar su derecho a declarar. Asimismo, junto con su defensa legal, solicitaron la duplicidad del término constitucional, mecanismo que permite ampliar el plazo para que tanto la Fiscalía como la defensa presenten datos de prueba adicionales antes de que el juez determine si los vincula o no a proceso.

La jueza determinó imponer prisión preventiva oficiosa, una medida cautelar que implica que los acusados permanecerán en reclusión mientras se desarrolla el procedimiento penal. Esta decisión busca garantizar su comparecencia en las siguientes etapas del juicio y evitar riesgos como la fuga o la posible interferencia en la investigación.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada contra el Secuestro de la Zona Sur, informó que existen elementos suficientes para continuar con la imputación por los delitos de extorsión agravada y delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo.

Hechos ocurridos en el Mercado de Abastos La Yarda

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 10 de febrero de 2026 los presuntos responsables acudieron a un negocio ubicado en el Mercado de Abastos La Yarda, donde habrían sustraído dinero en efectivo y exigido pagos mayores bajo amenazas de muerte y de privación ilegal de la libertad.

El señalamiento apunta a un esquema de cobro de piso, una práctica delictiva que afecta directamente a comerciantes y empresarios, particularmente en mercados y zonas de alta actividad económica. Este tipo de delitos no solo genera pérdidas económicas, sino que impacta la seguridad y la confianza en el entorno comercial.

Durante la detención y posterior puesta a disposición ante el Ministerio Público, las autoridades aseguraron clorhidrato de metanfetamina presuntamente destinado a su comercialización, lo que derivó en la imputación adicional por narcomenudeo.

Impacto de la extorsión en la economía local

La extorsión en Mazatlán se suma a una problemática más amplia que afecta a distintas regiones del país. Comerciantes del mercado de abastos y otros sectores productivos han manifestado preocupación ante el incremento de amenazas y exigencias económicas por parte de grupos delictivos.

Este fenómeno representa un desafío significativo para la estabilidad de los negocios, especialmente en espacios estratégicos como los mercados mayoristas, donde convergen proveedores, distribuidores y consumidores. La afectación no solo es individual, sino que repercute en cadenas de suministro completas y en la dinámica económica local.

Las autoridades estatales y federales han reforzado operativos y labores de inteligencia en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con el objetivo de contener estos delitos y brindar mayor protección a los sectores productivos.

Expectativa ante la próxima audiencia

La continuación de la audiencia el 24 de febrero será clave para definir si los imputados son vinculados a proceso formalmente. En esa sesión se revisarán los datos de prueba presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa.

En caso de que el juez considere que existen elementos suficientes, el proceso penal avanzará hacia la etapa de investigación complementaria, en la cual se profundizarán las indagatorias y se preparará el eventual juicio.

Mientras tanto, la comunidad comercial de Mazatlán permanece atenta al desarrollo del caso, en espera de que las autoridades actúen con firmeza y apego a la ley. La aplicación de medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa busca enviar un mensaje de que los delitos de extorsión agravada y narcomenudeo serán perseguidos con rigor.

La resolución final del caso podría sentar un precedente relevante para otros procesos similares en la región, donde el combate al cobro de piso se ha convertido en una prioridad para restablecer la confianza y la seguridad en los espacios de comercio.

El avance del proceso judicial determinará el alcance de las responsabilidades penales y el impacto que este caso tenga en la estrategia de seguridad en Mazatlán y en el estado de Sinaloa.