La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación que sacude a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Exfuncionarios de alto nivel, entre ellos Ricardo Sheffield, actual senador por Morena, y David Aguilar Romero, habrían participado en una red de extorsión contra miles de gasolineras en México con presuntos vínculos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos.
El origen de la investigación
La indagatoria, registrada bajo el número FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024, se detonó tras el testimonio de un exfuncionario identificado como “Pablo”. Según su declaración, dentro de Profeco se instauró un esquema sistemático de extorsión que afectó a más de 6 mil estaciones de servicio en todo el país.
Los pagos ilegales, conocidos como “vacunas”, oscilaban entre 20 mil y 25 mil pesos mensuales por gasolinera. A cambio, los empresarios recibían “protección” contra sanciones, alertas de inspecciones y la garantía de no ser exhibidos en el programa “Quién es quién en los combustibles”, lanzado por Sheffield durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Cómo operaba la red de extorsión
De acuerdo con el testimonio:
- Guerreros Unidos movía recursos en Guerrero bajo acuerdos con Sergio Arturo Iturbe.
- El CJNG habría recibido apoyo institucional a través de Talía del Carmen Vázquez Alatorre, exsubprocuradora y actual diputada federal.
- El Cártel Santa Rosa de Lima se encargaba de la logística y la recolección de pagos, coordinado por Ricardo de la Peña Gutiérrez, exadministrador de Profeco.
Las cuotas eran registradas en archivos Excel y remitidas directamente a la cúpula de la dependencia. Parte de los fondos, según la indagatoria, se destinaban a procesos electorales.
Evidencias y testimonios
La FGR cuenta con capturas de pantalla de conversaciones entre “Pablo” y David Aguilar Romero sobre gasolineras que cumplían con las cuotas, así como registros de reuniones entre Sheffield, Aguilar Romero y De la Peña Gutiérrez para coordinar la distribución del dinero.
Además, empleados de estaciones en la CDMX y Estado de México confirmaron haber sido víctimas de intimidación y cobros sistemáticos.
La respuesta de Sheffield
Tras la publicación del caso, Ricardo Sheffield negó la existencia de una investigación formal en su contra y aseguró no tener conocimiento de las prácticas descritas. Sin embargo, el caso ya levantó un debate nacional sobre la colusión entre instituciones públicas y el crimen organizado.
Quién es quién en los combustibles: de herramienta de transparencia a instrumento de presión
El programa “Quién es quién en los combustibles” nació como una estrategia de transparencia para que los consumidores identificaran los precios más justos de gasolina y diésel en el país.
Pero según la denuncia, este instrumento se convirtió en un mecanismo de presión contra empresarios que se negaban a pagar extorsiones, al exhibirlos públicamente como incumplidos.
Implicaciones del caso
La investigación de la FGR no solo pone en la mira a exfuncionarios, sino que revela cómo el crimen organizado logró penetrar instituciones federales para controlar sectores estratégicos como el energético.
De confirmarse los señalamientos, el caso podría convertirse en uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años, afectando la confianza en los programas de vigilancia al consumidor.
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