Suspensión judicial para José Luis Abarca
El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, recibió una suspensión por parte de un Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Tamaulipas, que impide la ejecución de la condena de 92 años de prisión que se le impuso por el secuestro de seis integrantes del Frente de Unidad Popular (FUP), entre ellos su dirigente, Arturo Hernández Cardona. Esta decisión genera un nuevo capítulo en la historia judicial de uno de los casos más mediáticos de Guerrero.
Argumentos del Tribunal Colegiado
El Tribunal determinó que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, si bien fueron reconocidos como víctimas, no ostentan la calidad de terceros interesados en el amparo directo promovido por Abarca. La resolución explicó que la condena se circunscribe exclusivamente al delito de secuestro de seis personas identificadas como Nicolás Mendoza Villa, Gregorio Dante y/o Dante Cervantes Delgado, Efraín Amantes Luna, Héctor Arroyo Delgado y/o Ramírez, Bogar Román Altamirano, Rubí Díaz Mena y Carolina Mena Marchan.
Contexto de absolución por delincuencia organizada
En mayo de 2023, Samuel Ventura Ramos, juez del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, absolvió a Abarca por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada relacionados con el caso Ayotzinapa. La sentencia quedó firme tras la confirmación del Tribunal Colegiado de la entidad, lo que impidió que la Fiscalía General de la República (FGR) interpusiera recurso de impugnación.
Insuficiencia de pruebas y irregularidades
El fallo señaló que los elementos de prueba presentados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) fueron insuficientes para acreditar la participación de Abarca en delitos de delincuencia organizada. Además, se documentaron irregularidades en la toma de declaraciones de algunos involucrados, quienes lo hicieron bajo coacción o tortura, así como detenciones ilegales de ciertos acusados por la PGR.
Repercusiones y debate público
La suspensión de la condena de Abarca ha generado un debate en la sociedad y en medios sobre la justicia en casos emblemáticos de Guerrero y la relación con los derechos de las víctimas. Mientras algunos sectores consideran que se trata de un acto de justicia debido a irregularidades procesales, otros denuncian la lentitud y falta de certeza en la impartición de justicia para las víctimas de secuestro.
Perspectiva sobre el caso Ayotzinapa
Aunque la suspensión de la condena se limita a los delitos de secuestro y no al caso Ayotzinapa en su totalidad, mantiene vivo el escrutinio sobre la actuación de autoridades federales y estatales en investigaciones de alto perfil. Este caso subraya la complejidad de los procesos judiciales en México y la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos y la reparación integral de las víctimas.
TE PODRÍA INTERESAR