La FGR busca llevar nuevamente ante un juez a 10 exfuncionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), señalados por presuntas irregularidades en la contratación de servicios de laboratorio que alcanzaron un valor máximo de 3 mil 675 millones de pesos. El caso, relacionado con las empresas conocidas como el “Cártel de la Sangre”, vuelve a los tribunales después de que una primera imputación no prosperara en julio.

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó programar una nueva audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente. Su intención es formular imputaciones contra los exservidores públicos y pedir que sean vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

La nueva solicitud representa otro capítulo de una investigación relacionada con seis contratos para realizar análisis clínicos en hospitales y unidades médicas del ISSSTE. Aunque la Fiscalía busca avanzar nuevamente, todavía será necesario conocer la fecha de la audiencia y la decisión que tome el juez.

¿Qué busca la FGR contra los 10 exfuncionarios?

La petición de la Fiscalía tiene dos objetivos procesales. Primero, presentar formalmente ante los señalados los hechos que les atribuye mediante una imputación. Después, solicitar que el juez determine si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.

Esta última resolución no equivale a una sentencia ni significa que los acusados sean declarados culpables. La vinculación permite que una investigación penal continúe bajo control judicial, mientras las partes presentan sus argumentos y se desarrollan las etapas correspondientes.

De acuerdo con la información publicada por Grupo Reforma, retomada por otros medios, la Fiscalía decidió volver a presentar el caso después de revisar las deficiencias que impidieron avanzar con la primera imputación.

El antecedente de julio que frenó el proceso

En julio de 2026, el juez de control Marco Antonio González Cortázar resolvió no vincular a proceso a los exfuncionarios. La decisión respondió a que, a su consideración, la imputación presentada por la Fiscalía tenía omisiones y deficiencias.

Sin embargo, el juez no ordenó sobreseer el asunto ni cancelar la investigación. Esto dejó abierta la posibilidad de que el Ministerio Público continuara con otras líneas de indagatoria y presentara nuevamente el caso ante los tribunales.

Ante ese escenario, la Fiscalía optó por no apelar la resolución. En lugar de buscar que otra instancia revisara el fallo, decidió corregir su investigación y solicitar una nueva audiencia inicial.

Seis contratos del ISSSTE por hasta 3 mil 675 millones de pesos

El expediente está relacionado con seis contratos para proporcionar servicios de análisis clínicos en hospitales y unidades médicas del instituto. Los acuerdos estuvieron vigentes entre julio de 2018 y junio de 2020.

Según la información difundida sobre la investigación, el monto mínimo de los contratos fue de mil 470 millones de pesos, mientras que su valor máximo alcanzó los 3 mil 675 millones, incluido el impuesto al valor agregado (IVA).

Entre las compañías beneficiadas aparecen Instrumentos y Equipos Falcón, Impromed, Dicipa, Hemoser, Centrum Promotora Internacional, Selecciones Médicas del Centro y Valtrum. Estas empresas fueron relacionadas con el llamado “Cártel de la Sangre”, denominación utilizada en el contexto de las investigaciones sobre proveedores de servicios médicos.

La adjudicación directa, uno de los puntos señalados

Uno de los aspectos centrales de la acusación está relacionado con la forma en que se asignaron los contratos. Según la versión de la Fiscalía, la adjudicación se realizó directamente el 29 de junio de 2018, con base en un estudio de mercado que habría utilizado información proporcionada por las propias empresas participantes.

La investigación señala que no se consultaron cotizaciones de otras fuentes para comparar precios y condiciones. Este procedimiento forma parte de los elementos que la autoridad busca presentar ante el juez para sustentar su acusación.

La revisión de ese mecanismo será relevante para conocer si existieron irregularidades en el ejercicio de las atribuciones de los entonces servidores públicos.

¿Qué sigue en el caso del Cártel de la Sangre?

El siguiente paso depende de que el juez programe la audiencia inicial solicitada por la Fiscalía. Durante esa diligencia, el Ministerio Público podrá formular la imputación y pedir la vinculación a proceso de los 10 exfuncionarios.

La defensa tendrá oportunidad de responder a los señalamientos y presentar sus argumentos. Por ello, la nueva solicitud no significa que el juez ya haya aceptado la acusación ni que exista una resolución definitiva sobre la responsabilidad de los involucrados.

La investigación vuelve así a una etapa decisiva después del revés judicial de julio. Mientras se espera una fecha para la audiencia, la FGR tendrá que sostener ante el juez los elementos de su expediente, y los señalados conservan su derecho a la presunción de inocencia.