La jornada electoral del 1 de junio, que marcó la primera vez que México eligió a sus administradores de justicia mediante voto popular, ha puesto en el centro del debate la seguridad y la independencia del sistema judicial del país. Con una participación ciudadana de alrededor del 13% , el proceso ha generado tanto el optimismo oficial como una notable preocupación entre diversos sectores.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó haber recibido 23 denuncias formales por posibles delitos electorales durante la jornada. A estas se suman 968 llamadas ciudadanas relacionadas con el proceso, de las cuales 43 fueron remitidas a fiscalías locales y 16 ingresaron directamente a la Ventanilla Única de la FISEL. Estas cifras, aunque no detallan la naturaleza de los delitos, sugieren que el proceso no estuvo exento de incidentes y que la integridad de la elección está bajo escrutinio.
Académicos, organizaciones internacionales y asociaciones judiciales han expresado serias reservas sobre la complejidad del proceso y la falta de información disponible para los votantes. Una de las preocupaciones más recurrentes es el riesgo inherente de que el crimen organizado pueda infiltrarse en el poder judicial, comprometiendo así la imparcialidad y la eficacia de la justicia. Esta inquietud se ve reforzada por las advertencias de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), que identifica a México como un «foco rojo» en cuanto a la independencia judicial en América Latina. La DPLF señala que cuando los políticos atacan a las instituciones de justicia para justificar sus propias agendas y cuando los gobiernos desobedecen sentencias judiciales, son claras señales de que el sistema de justicia está en peligro.
Desde la perspectiva del gobierno, la reforma es una medida necesaria para sanear un poder judicial que, según la presidenta Sheinbaum, padecía de «nepotismo, corrupción y defensa de privilegios». La mandataria ha citado ejemplos como «70 amparos a un miembro de la delincuencia organizada» para ilustrar la necesidad de un cambio profundo. La administración argumenta que la elección popular hará la justicia «más expedita» y cercana a la ciudadanía. Sin embargo, la tensión entre la percepción de corrupción y el riesgo de sacrificar la independencia judicial es palpable. La pregunta fundamental es si la solución propuesta abordará eficazmente los problemas sin crear nuevas vulnerabilidades.
El proceso de selección de candidatos incluyó una «insaculación» pública realizada por el Senado para definir a quienes aparecerían en la boleta. Este mecanismo, aunque busca transparencia, no ha disipado las dudas sobre la idoneidad de todos los candidatos y la capacidad de los votantes para evaluar perfiles técnicos complejos.
Los resultados finales para los ministros de la Suprema Corte de Justicia se esperan para el 3 de junio, mientras que el conteo general de votos para todos los cargos judiciales concluirá el 10 de junio. La baja participación y la desconfianza expresada por algunos sectores de la población, como las familias de personas privadas de la libertad en el Reclusorio Oriente, quienes desconfiaron de la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México , plantean un desafío significativo para la legitimidad y la aceptación de este nuevo sistema judicial a largo plazo. La capacidad del nuevo poder judicial para demostrar su imparcialidad y eficacia en la lucha contra el crimen y la protección de los derechos ciudadanos será clave para construir la confianza pública.
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