Una alarmante y nueva modalidad de violencia ha emergido en Culiacán, Sinaloa, donde grupos criminales han comenzado a abandonar restos humanos en sitios públicos, incluyendo las inmediaciones del Zoológico de la ciudad, generando una ola de terror y preocupación entre la población.
La Fiscalía General de Sinaloa ha confirmado una «nueva forma de generar terror» por parte de grupos armados que se disputan el control de la región. Esta táctica consiste en el abandono de restos humanos en lugares concurridos y visibles, como se registró frente al Zoológico de Culiacán. Este método busca, presumiblemente, enviar mensajes entre facciones criminales y sembrar el pánico en la ciudadanía. Este no es solo un acto de violencia, sino una exhibición pública de poder y una táctica para infundir miedo. El abandono de cuerpos en lugares visibles sugiere una deliberada intención de maximizar el impacto psicológico en la población y enviar mensajes contundentes a grupos rivales o a las autoridades, buscando desmoralizar y controlar. Esta escalada de brutalidad pública puede normalizar la violencia extrema, desensibilizar a la sociedad y erosionar aún más el tejido social, llevando a un aumento del miedo, la desconfianza en las instituciones y, potencialmente, a una mayor fragmentación social y migración interna por inseguridad.
Impacto en la percepción de Seguridad
La aparición de estos actos de extrema brutalidad en espacios públicos representa una escalada significativa en la violencia y un desafío directo a la autoridad estatal. Este tipo de acciones no solo genera miedo, sino que también erosiona la confianza pública en la capacidad de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad.
Protestas y demandas de Justicia en CDMX
Mientras tanto, en la Ciudad de México, la seguridad pública se ve desafiada por las continuas movilizaciones. Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Chiapas, Plan de Ayala, mantienen bloqueos en Paseo de la Reforma e Insurgentes, exigiendo justicia por la muerte de un compañero, presuntamente asesinado por autoridades el 15 de mayo. Esta protesta, que lleva más de 30 horas, ha generado caos vial y la suspensión de servicios como el Metrobús Línea 7. La demanda de justicia social se traduce en disrupciones significativas del orden público. La prolongación de estos bloqueos no solo genera inconvenientes a los ciudadanos, sino que tiene un costo económico considerable en términos de productividad, comercio y acceso a servicios. Además, puede polarizar a la opinión pública entre el apoyo a las causas de los manifestantes y el rechazo a las afectaciones. La persistencia de estas protestas, especialmente cuando se exige justicia por un evento específico, revela una crisis de confianza en el sistema de justicia y la capacidad del gobierno para resolver conflictos de manera pacífica y efectiva, lo que puede escalar a una crisis de gobernabilidad si no se abordan las causas subyacentes de la insatisfacción.
Otros incidentes de Seguridad Nacional
La situación de seguridad se extiende a otros puntos del país. En Michoacán, vendedores ambulantes irregulares en el centro histórico de Morelia agredieron violentamente a un motociclista con un palazo en la cabeza. A nivel nacional, se busca fortalecer la protección de menores frente a delitos como violencia sexual, trata, explotación y homicidios, en respuesta al incremento de casos y la impunidad histórica en México. En Monterrey, Nuevo León, se reportó la captura de tres individuos con un arsenal en la Colonia Cumbres, y la detención de «M-47», presunto autor intelectual del asesinato de cinco músicos en Reynosa.
Respuesta de las autoridades
Ante la situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX ha recomendado rutas alternas para los bloqueos y coordina con el C5 para informar sobre las afectaciones. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México ha aprobado lineamientos para la remisión de multas y manuales de organización interna, buscando eficientar los procesos judiciales.
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