Un tribunal federal de California ha determinado, por segunda vez en semanas, que la administración Trump ha violado el acuerdo de conciliación de 2023 sobre la separación de familias migrantes, en un fallo que califica la política como «uno de los capítulos más vergonzosos» de la historia de EE. UU.
En una dura reprimenda legal y moral, un juez federal ha dictaminado que la administración Trump incumplió deliberadamente sus obligaciones bajo el acuerdo judicial que busca reparar el daño causado por la política de separación familiar en la frontera. La decisión se centra en la terminación abrupta por parte del gobierno de los contratos que garantizaban servicios legales y sociales cruciales para las familias afectadas.
El Incumplimiento del Acuerdo
El conflicto se desató cuando la administración Trump decidió no renovar los contratos con dos organizaciones clave:
- Acacia Center for Justice: El contratista principal que proporcionaba servicios legales a las familias cubiertas por el acuerdo.
- Seneca Family of Agencies: La organización encargada de ofrecer servicios sociales y de apoyo a estas familias.
El gobierno canceló estos contratos de manera súbita y sin asegurar ningún reemplazo, dejando a las familias en un estado de vulnerabilidad y violando directamente los términos del acuerdo de 2023, que fue el resultado de «minuciosas negociaciones».
La Contundente Reprimenda del Juez
El Juez de Distrito de EE. UU., Dana Sabraw, no escatimó en palabras para condenar las acciones de la administración. Este fallo marca la segunda vez en seis semanas que el tribunal interviene para forzar al gobierno a cumplir con sus compromisos.
La administración Trump «forzó la separación de miles de padres inmigrantes de sus hijos, muchos de los cuales aún no han sido reunificados, y causó un daño profundo, devastador y duradero a esas familias.» – Juez Dana Sabraw, en su fallo del 24 de julio de 2025.
El juez Sabraw describió la política de separación familiar como «uno de los capítulos más vergonzosos en la historia de nuestro país» y ordenó al gobierno que cesara de inmediato el incumplimiento y se adhiriera a los términos del acuerdo. Rechazó los intentos de la administración de evadir su fallo anterior, calificándolos como un intento de «simplemente ignorar» un acuerdo al que el gobierno de EE. UU. se había comprometido.
La Reacción de la ACLU
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que lideró la demanda original, celebró la decisión del tribunal como una victoria crucial para los derechos humanos.
Lee Gelernt, el abogado principal de la ACLU en el caso, declaró: «En lugar de reconocer los horribles abusos infligidos por la política de separación familiar, la administración Trump está haciendo todo lo posible para evitar sus responsabilidades bajo el acuerdo. Afortunadamente, el tribunal le ha dicho directamente a la administración, por segunda vez en seis semanas, que no puede simplemente abandonar sus obligaciones».
Este fallo no solo obliga al gobierno a reinstaurar los servicios vitales para las familias migrantes, sino que también establece un precedente importante sobre la responsabilidad del ejecutivo de cumplir con los acuerdos judiciales, incluso aquellos con los que discrepa políticamente. La decisión subraya un patrón de conducta por parte de la administración, que parece desafiar activamente las órdenes judiciales relacionadas con sus políticas de inmigración.
TE PODRÍA INTERESAR