El pasado viernes 29 de agosto, el Tribunal Colegiado de Colima publicó, en el último día de funciones del antiguo Poder Judicial de la Federación, una sentencia que ha generado alarma entre los comuneros de San Miguel Aquila. El fallo, emitido por un Tribunal Colegiado de Sinaloa en auxilio del primero, corresponde al amparo directo 700/2024 y concede protección legal al grupo opositor al líder comunal Antonio Díaz Valencia y al abogado Ricardo Lagunes, quienes permanecen desaparecidos desde enero de 2023.

El objetivo de la resolución es desconocer a 150 comuneros bajo el argumento de que no pertenecen a la etnia nahua, lo que pondría en riesgo la representatividad de la comunidad mayoritaria y sus derechos sobre las regalías de la empresa minera Ternium.

Acatamiento del Tribunal Unitario Agrario

En cumplimiento de dicha resolución, el Tribunal Unitario Agrario número 38 de Colima emitió un acuerdo que será publicado el 1° de septiembre. Este acuerdo deja sin efectos una resolución previamente favorable a la comunidad indígena de Aquila y podría otorgar el control de la comunidad al grupo opositor.

Según el abogado de la comunidad, Carlos González, y el presidente del comisariado de bienes comunales, Uriel Gutiérrez de la Cruz, esta medida beneficiaría a un grupo vinculado a actividades criminales dentro de la comunidad, lo que generaría un conflicto aún mayor en la región.

Antecedentes del conflicto comunal

El grupo opositor al profesor Antonio Díaz ha sido señalado por la comunidad como responsable de actos ilícitos y presuntamente de la desaparición del líder comunal. Los 150 comuneros que podrían ser desconocidos pertenecen al grupo mayoritario, que se ha opuesto históricamente al grupo con intereses criminales.

La comunidad advierte que el fallo del viejo Poder Judicial representa un regalo para quienes han cometido múltiples crímenes contra comuneros, y solicita atención cuidadosa por parte del magistrado agrario Jesús Antonio Frías Cardona, del Tribunal Superior Agrario, así como del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, y de los poderes ejecutivos federal y de Michoacán.

Derechos adquiridos por los comuneros

En una asamblea general celebrada en mayo de 2012, la comunidad incluyó a 150 comuneros que obtuvieron derecho a regalías de la empresa minera Ternium, antes conocida como Las Encinas. El juicio agrario 349/2019, promovido por el grupo opositor, busca anular dicha asamblea, pero el fallo previo del Tribunal Unitario Agrario 38 de Colima había favorecido a la comunidad.

El abogado Carlos González señaló que “el fallo le favoreció a la comunidad y sorpresivamente los integrantes salientes del Poder Judicial dan a conocer en su último día una resolución de amparo que pudiera generar enormes perjuicios a la comunidad de Aquila y a la región”.

Logros históricos de la comunidad

La lucha de la comunidad de Aquila comenzó a rendir frutos en 2012, cuando más de 400 comuneros empezaron a recibir regalías significativas de la empresa minera, pasando de 2,500 pesos anuales a más de 15 mil pesos mensuales por renta de tierras comunales. La minera extrae actualmente 12,500 toneladas de hierro diariamente, lo que convierte a estas regalías en un recurso fundamental para el bienestar de los comuneros.

Durante los años siguientes hubo tensiones entre la empresa y la comunidad, con concesiones de mayor número de hectáreas y disputas internas entre grupos de comuneros que respondían a intereses distintos, incluyendo presunta intervención de ex directivos de la empresa a favor de un grupo opositor.

Reivindicación y vigilancia comunitaria

La comunidad de Aquila advierte que no permitirá que se desconozcan los derechos de la mayoría de sus integrantes. La resolución exprés ha generado preocupación por la seguridad de los comuneros y por la protección de las regalías que representan un ingreso vital para las familias locales.

Los líderes comunitarios han solicitado a las autoridades judiciales y ejecutivas que intervengan y supervisen cuidadosamente el proceso, evitando que la sentencia beneficie a grupos con historial de violencia y actividades ilegales dentro de la comunidad.

Un llamado a la justicia

El conflicto en Aquila pone de manifiesto la vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente a decisiones judiciales de último minuto que pueden alterar su estructura interna y la distribución de recursos. La comunidad hace un llamado a la vigilancia, la legalidad y la justicia, insistiendo en que la protección de los derechos de la mayoría de los comuneros es esencial para garantizar la estabilidad social y económica de la región.