Los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) confirmaron que no asistirán a la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJ). La decisión se fundamenta en su rechazo a un proceso que, aseguran, no promueve la independencia judicial, sino que imone criterios que afectan el equilibrio de poderes y debilitan la vida democrática en México.

En un comunicado oficial, los legisladores priístas, en coordinación con la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno, señalaron que esta medida responde a un principio de congruencia política. Según indicaron, su ausencia busca no legitimar un procedimiento que consideran irregular y que puede tener efectos negativos sobre el sistema judicial del país.

Críticas a la reforma impulsada por Morena

Los senadores priístas subrayaron que la reforma judicial promovida por Morena se ha convertido en un instrumento de control político, en lugar de fortalecer la estructura judicial. Afirmaron que el partido en el poder ha logrado adueñarse del Poder Judicial, anulando los mecanismos de contrapeso que históricamente garantizan la libertad y los derechos de los ciudadanos.

“El modelo implementado concentra las decisiones en un solo poder y reduce el ejercicio pleno de la justicia, dejando indefensos a quienes se oponen al régimen”, afirmaron los legisladores encabezados por Manuel Añorve, coordinador de la bancada priísta en el Senado. Además, reiteraron que no avalarán un sistema que debilita las instituciones fundamentales de la República.

Compromiso con la defensa de la democracia

Los senadores enfatizaron su compromiso con cuidar y proteger las instituciones del Estado mexicano, resaltando la importancia de garantizar el respeto a la Constitución y las leyes. Recordaron que la democracia se sostiene en base a normas claras y contrapesos efectivos, y que la actual reforma pone en riesgo estos principios.

En palabras de los priístas, “no vamos a normalizar el secuestro y la destrucción de normas y leyes que son la base fundamental para la democracia”. Con esta postura, el PRI busca marcar su diferencia con el oficialismo y enviar un mensaje de alerta sobre los posibles efectos de la reforma en la independencia judicial y el equilibrio de poderes.

Implicaciones políticas de la ausencia

La decisión de los senadores del PRI de no asistir a la toma de protesta genera un nuevo escenario político en el Congreso. La ausencia de una bancada importante como la priísta pone en evidencia las tensiones entre los poderes legislativo y judicial y refleja un clima de desconfianza hacia las acciones del partido mayoritario.

Especialistas en política consideran que esta postura puede intensificar la polarización entre partidos y abrir la puerta a debates sobre la legitimidad de las decisiones del nuevo Poder Judicial. También se señala que podría generar presión social y mediática para que se revisen ciertos aspectos de la reforma judicial.

Reacción de otros actores políticos

Si bien el PRI mantiene su decisión firme, otros partidos han adoptado posturas diferentes frente a la reforma y la toma de protesta. Algunos sectores han señalado que la participación en el acto podría interpretarse como un respaldo implícito, mientras que la ausencia del PRI se percibe como una medida de presión para exigir transparencia y respeto a los principios democráticos.

Analistas también destacan que la decisión del PRI refleja un compromiso con la defensa de los contrapesos institucionales y la importancia de garantizar que la justicia no quede supeditada a intereses de partido. Esto se suma al debate sobre la autonomía del Poder Judicial y el papel de los legisladores en la supervisión de estas reformas.

Posibles consecuencias a mediano plazo

El anuncio de los senadores priístas podría tener efectos significativos en el ámbito legislativo y judicial. La ausencia de la bancada en la ceremonia podría debilitar la percepción de legitimidad del nuevo Poder Judicial, generando cuestionamientos sobre su independencia y la aplicación de la justicia.

Asimismo, la medida puede consolidarse como un precedente político, mostrando que los legisladores están dispuestos a actuar de manera firme cuando consideran que se vulneran los principios democráticos. Esto también podría incentivar a otros actores políticos y sociales a exigir mayor transparencia y rendición de cuentas en la implementación de reformas estructurales.