El nombre del capitán de navío Climaco Aldape Utrera ha resonado con fuerza en las últimas horas. Detenido junto con otros 13 marinos, trabajadores de aduanas y empresarios, fue acusado de formar parte de una red de huachicol fiscal que habría permitido el ingreso de 31 buques cargados con millones de litros de combustible sin pagar impuestos en los puertos de Tampico y Altamira, Tamaulipas.
Sin embargo, pese a la gravedad de las acusaciones, un juez federal en Toluca admitió la demanda de amparo interpuesta por Aldape, lo que abre un nuevo capítulo en este caso que involucra a altos mandos navales y empresarios del sector energético.
La red de huachicol fiscal que golpea a la Marina
Las investigaciones ministeriales señalan que la red estaba presuntamente encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el grupo utilizaba su influencia para facilitar operaciones ilícitas en aduanas, permitiendo el desembarque de combustible sin controles fiscales.
Entre las maniobras señaladas se encuentra la creación de la empresa Grupo ALD-CAM Agroindustria, propiedad de Aldape Utrera, que habría servido como fachada para realizar negocios con la Marina y designar personal en posiciones clave.
El amparo y sus alcances
El Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México admitió la solicitud de amparo únicamente en lo relativo a la orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia.
Por el contrario, desechó la parte de la demanda que reclamaba actos de presentación y citación, al considerarlos improcedentes.
Con esta decisión, Aldape obtiene un respiro legal, aunque sigue vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de tráfico de hidrocarburos, un delito considerado de alto impacto.
Un caso que exhibe corrupción estructural
El proceso contra Aldape y los otros implicados no solo pone en evidencia la magnitud del huachicol fiscal, sino también los niveles de corrupción dentro de la Marina y las aduanas mexicanas.
Para muchos analistas, el caso simboliza cómo estructuras del Estado pudieron ser infiltradas para proteger operaciones ilegales que representan pérdidas millonarias para la nación.
El desenlace de este proceso judicial será clave para medir el alcance del combate al huachicoleo, tanto en tierra como en mar.
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