Abogados extorsionadores. La imagen tradicional del litigante defendiendo causas en tribunales se rompe cuando la violencia, la intimidación y el crimen organizado entran a la escena. Eso es precisamente lo que revelan las investigaciones recientes en la Ciudad de México, donde un despacho jurídico habría operado durante años una red de extorsión que combinaba amenazas, sindicatos, golpeadores y presión psicológica dentro de audiencias laborales.
El caso estalló públicamente tras un ataque armado contra agentes de inteligencia en la calle Río Ebro, en la colonia Cuauhtémoc. Detrás del enfrentamiento, las autoridades descubrieron una estructura mucho más amplia: un grupo de abogados extorsionadores que exigía hasta 12 millones de pesos a empresas para evitar conflictos laborales fabricados.
El modus operandi de los abogados extorsionadores
De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, el despacho Sahagún y Saavedra habría desarrollado un método sistemático para intimidar tanto a abogados contrarios como a trabajadores y empresarios. La fórmula era simple pero efectiva: amenazas, presión física y miedo.
Los litigantes convocaban a golpeadores armados para asistir a audiencias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y, posteriormente, al Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México. La presencia de estos sujetos buscaba quebrar psicológicamente a la contraparte y forzar acuerdos favorables al despacho.
Violencia dentro de audiencias laborales
Testimonios de abogados que pidieron anonimato por temor a represalias confirman que la violencia era una herramienta habitual. Llegar solo a una audiencia y encontrarse rodeado de hombres identificados por apodos como El Cara Bebé, El Bam Bam o El Brutus no era casualidad, sino parte del guion.
En ese contexto, la negociación dejaba de ser legal y se convertía en una extorsión encubierta, donde firmar acuerdos desventajosos era la única vía para evitar agresiones.
Extorsión a empresas y control sindical
Las investigaciones señalan que los abogados extorsionadores operaban de la mano de sindicatos para presionar a empresas, especialmente del sector de la paquetería y logística. El objetivo: obligarlas a firmar contratos colectivos de trabajo o pagar fuertes sumas de dinero para no frenar sus operaciones.
En el caso que detonó el operativo, la empresa afectada denunció la exigencia de 12 millones de pesos, lo que llevó a la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Manifestaciones fabricadas y presión pública
Un video difundido por La Jornada muestra cómo este grupo organizaba manifestaciones afuera de sedes laborales clave. Estas protestas no buscaban justicia social, sino aumentar la presión mediática y acelerar acuerdos forzados.
La estrategia combinaba intimidación física, desgaste legal y exhibición pública, un cóctel que colocaba a las víctimas en una posición de vulnerabilidad extrema.
Otros delitos vinculados al despacho
Además de la extorsión laboral, las autoridades capitalinas investigan vínculos del despacho con despojos, invasiones y recuperaciones ilegales de predios. Esto refuerza la hipótesis de que no se trataba de hechos aislados, sino de una estructura criminal con fachada legal.
A mitad de esta historia, el término abogados extorsionadores deja de ser una etiqueta y se convierte en una descripción precisa de un fenómeno que corroe la confianza en el sistema de justicia.
Golpe a otras redes de extorsión
En hechos paralelos, la Fiscalía General de Justicia desarticuló una célula ligada a las operaciones de Chucho Macedo, donde las víctimas eran amenazadas vía telefónica y obligadas a realizar depósitos que superaron los 390 mil pesos. Aunque se trata de otro caso, revela un patrón: la extorsión como negocio criminal en expansión.
Un problema estructural
Estos casos evidencian una falla profunda en la protección de empresas, trabajadores y abogados honestos. Cuando la violencia entra a las audiencias y la extorsión se normaliza, el Estado de derecho se debilita.
El caso de los abogados extorsionadores en la Ciudad de México expone cómo el crimen organizado puede infiltrarse incluso en espacios diseñados para resolver conflictos de manera pacífica. Más allá de las detenciones, el reto es erradicar las redes que usan el derecho como arma y devolver seguridad y legalidad a las instituciones laborales.
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