El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) marcó un precedente en la defensa de su autoridad al ordenar al Comité de Evaluación Judicial reanudar, en un plazo máximo de 24 horas, el proceso de selección de candidatos para jueces. Este proceso es fundamental para las elecciones del próximo 1 de junio.
Con una votación dividida, en la que los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes votaron a favor, se estableció que ninguna autoridad menor puede interferir en decisiones de última instancia en materia electoral.
Una votación que divide opiniones
Durante la sesión, la magistrada presidenta Mónica Soto destacó:
«No hay duda respecto de nuestras competencias… no podemos obedecer órdenes de autoridades incompetentes.»
Por su parte, Felipe Fuentes Barrera criticó que el Comité Judicial haya suspendido el proceso, calificando la decisión como un error sin base jurídica. Argumentó que ningún juez de distrito puede imponer resoluciones por encima del mandato constitucional.
Plazo para el cumplimiento
El fallo del TEPJF establece que el Comité de Evaluación tiene poco más de una semana para concluir las entrevistas y entregar la lista de candidatos al Senado. Si incumplen, enfrentarán sanciones que incluyen multas de hasta 5,000 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) o arrestos de hasta 36 horas, según la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Un precedente de defensa institucional
El fallo también instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del TEPJF a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el juez de distrito Sergio Santamaría, quien había intentado frenar el proceso.
Este caso no solo reafirma la autonomía del TEPJF, sino que también establece un precedente sobre la jerarquía de las resoluciones judiciales en México, dejando claro que el Poder Judicial Electoral es la máxima autoridad en decisiones de este ámbito.
¿Qué sigue para el proceso de elección de jueces?
El Comité de Evaluación deberá realizar entrevistas exhaustivas con los aspirantes y, una vez concluido el análisis, entregar el listado al Senado. El incumplimiento del fallo sería un desafío directo a la autoridad del TEPJF, lo que podría derivar en sanciones ejemplares.
La resolución también fortalece la confianza en el sistema electoral, al garantizar que los procesos democráticos estén libres de interferencias externas.
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