Cada inicio de año trae consigo una promesa de renovación. En el ámbito político, los primeros 100 días de un gobierno son un termómetro clave para medir la dirección que tomará una administración. Para Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México, este arranque se encuentra marcado por un amplio respaldo popular, pero también por desafíos estructurales, entre ellos la implementación de la reforma judicial y el debate sobre la prisión preventiva oficiosa.
La prisión preventiva oficiosa: ¿Un arma de doble filo?
La reciente ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa ha polarizado opiniones en México. Aunque la medida pretende combatir delitos graves, su aplicación ha mostrado graves deficiencias. Según cifras oficiales, miles de personas permanecen encarceladas sin sentencia, algunas durante años, lo que vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia.
Defender esta medida equivale a aceptar que el sistema judicial mexicano no tiene la capacidad para investigar y sancionar de manera eficiente. En lugar de garantizar justicia, la prisión preventiva perpetúa la desigualdad, afectando principalmente a los sectores más vulnerables, quienes a menudo no tienen acceso a una defensa adecuada.
¿Qué implica este reto para el gobierno de Sheinbaum?
Claudia Sheinbaum enfrenta la oportunidad histórica de romper con un modelo de justicia punitiva que prioriza el encarcelamiento inmediato sobre el debido proceso. Su administración tiene el reto de:
- Implementar medidas para agilizar los procesos judiciales.
- Fortalecer la investigación efectiva de delitos.
- Avanzar hacia un sistema que no criminalice la pobreza ni la exclusión social.
Estos pasos no solo fortalecerían el estado de derecho, sino que también responderían a la creciente demanda de justicia social que marcó la agenda de la 4T en el sexenio pasado.
El impacto social de un sistema judicial eficiente
Más allá de los tribunales, una justicia eficaz tiene efectos directos en la sociedad. Abandonar la dependencia de la prisión preventiva oficiosa permitiría a México:
- Reducir el hacinamiento en las cárceles.
- Rehabilitar la confianza en las instituciones judiciales.
- Enfrentar las causas estructurales del crimen, como la pobreza y la desigualdad.
La transición hacia este modelo no será fácil, pero es una tarea ineludible si se busca un México más equitativo.
Construyendo el futuro: Un nuevo modelo de justicia
El inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum y el nuevo año representan una oportunidad única para construir un sistema judicial que realmente garantice derechos y combata la impunidad. Para ello, no bastan los discursos; se requieren acciones concretas que involucren a todos los niveles de gobierno y a la sociedad civil.
El cambio es posible, pero exige compromiso y decisión. México merece un modelo de justicia que no solo castigue, sino que también rehabilite y prevenga.
¡Únete a nuestro canal de Telegram! Las noticias más relevantes del día directamente en tu dispositivo móvil.
TE PODRÍA INTERESAR