La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que no tenía conocimiento de los cambios introducidos en la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, aprobada por la Cámara de Diputados.
Durante su conferencia matutina del 29 de octubre, la mandataria fue cuestionada por Heraldo Media Group sobre el dictamen avalado en lo particular.
“No tenía la información, hoy averiguamos exactamente de qué se trata, y por qué lo está planteando, vamos a ver exactamente de qué se trata”, señaló Sheinbaum.
Diputados aprueban ley contra extorsión con modificaciones
La Cámara de Diputados aprobó en lo particular, con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, el dictamen que expide la nueva ley federal contra la extorsión, enviada al Senado de la República para continuar su proceso legislativo.
El documento reforma, adiciona y deroga artículos de diversas normas, entre ellas:
- El Código Penal Federal,
- El Código Nacional de Procedimientos Penales,
- La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
- La Ley Nacional de Extinción de Dominio, y
- La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El dictamen busca fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en la persecución del delito y establecer un marco jurídico homogéneo frente a la creciente incidencia de extorsiones en todo el país.
Monreal impulsa reservas para precisar coordinación y sanciones
Durante la sesión, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, presentó diversas reservas al proyecto de ley, destacando la modificación al artículo 2, que precisa la forma en que deben coordinarse las autoridades federales, estatales y municipales.
Además, el artículo 3 incorpora los principios de interculturalidad e interseccionalidad, con el fin de garantizar la protección de comunidades diversas y grupos vulnerables.
Monreal explicó que en los artículos 16 y 18 se sustituyó la expresión “firmar un acto jurídico” por “celebrar un acto jurídico”, para evitar ambigüedades en los procesos legales.
Asimismo, se ajustó el rango de sanción en el artículo 21, estableciendo penas de cinco a doce años de prisión para los responsables del delito de extorsión.
La reparación del daño y los recursos de extinción de dominio
Una de las modificaciones más destacadas es la reserva al artículo 26, que establece que la reparación del daño a las víctimas deberá realizarse con recursos provenientes de los procedimientos de extinción de dominio.
Este punto busca fortalecer la justicia restaurativa y garantizar que los bienes confiscados a los delincuentes sean utilizados para resarcir directamente a las víctimas.
Sheinbaum pide revisar los cambios y conocer su alcance
Ante la aprobación del dictamen, Sheinbaum subrayó que analizará a fondo el contenido de la ley y sus modificaciones antes de emitir una postura definitiva.
Su declaración llega en un momento en que el Ejecutivo federal promueve una agenda de seguridad centrada en la prevención y la coordinación interinstitucional, por lo que el desconocimiento de los ajustes podría generar tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
En próximos días, se espera que el Senado revise y eventualmente apruebe el proyecto, con lo que se definiría el marco legal de uno de los delitos más recurrentes y de mayor impacto económico en México.
La urgencia de frenar la extorsión en México
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los casos de extorsión han mantenido una tendencia al alza en los últimos años, afectando principalmente a pequeños comerciantes, transportistas y empresarios.
Expertos en materia penal señalan que la falta de un marco unificado ha dificultado la persecución efectiva del delito, lo que convierte a esta nueva ley en un instrumento clave para combatir la impunidad.El desconocimiento de Sheinbaum respecto a los cambios en la ley contra extorsión abre un nuevo frente político y deja entrever descoordinación dentro del gobierno federal. Mientras tanto, la aprobación en Diputados representa un paso decisivo hacia la consolidación de un marco legal más firme frente a uno de los delitos más temidos en México.
