La Cámara de Diputados recibió la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca unificar la persecución de este delito en todo el país y endurecer las sanciones contra quienes lo cometan.
Según el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, esta ley pretende que la extorsión se persiga de oficio y que las víctimas puedan denunciar de manera anónima, con el fin de facilitar las investigaciones y reducir la impunidad.
¿Qué dice la iniciativa a la Ley contra la extorsión?
La propuesta de Sheinbaum plantea armonizar diversas leyes federales y nacionales, entre ellas:
- El Código Penal Federal
- El Código Nacional de Procedimientos Penales
- La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
- La Ley Nacional de Extinción de Dominio
- Y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Con esta reforma, el objetivo es otorgar herramientas jurídicas suficientes a los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, para prevenir y atender de manera eficaz el delito de extorsión.
Penas más severas para los extorsionadores
La iniciativa establece penas de 6 a 15 años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA para quien, sin derecho, obligue a otra persona a dar, hacer o dejar de hacer algo, obteniendo beneficio económico o causando daño patrimonial, físico o psicológico.
Además, se contemplan agravantes específicas, entre ellas:
- Cuando exista cobro de piso.
- Si las víctimas son migrantes o menores de edad.
- En caso de que el delito sea cometido por una persona servidora pública.
La iniciativa propone fortalecer los canales de denuncia anónima, especialmente mediante el número 089, donde las víctimas o testigos podrán describir el hecho sin identificarse.
El Ministerio Público estará obligado a iniciar una carpeta de investigación tan pronto tenga conocimiento del delito, aun sin denuncia formal.
Uno de los puntos más llamativos de la iniciativa es la creación de un régimen estricto en la ejecución penal, que impide beneficios de preliberación o conmutación de pena para los sentenciados por extorsión, salvo en casos excepcionales de colaboración eficaz con la justicia.
Extorsión, delito en aumento en México
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2024 se registraron 10,804 víctimas de extorsión en el país.
Las entidades más afectadas, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), son: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, que en conjunto acumulan el 66 % de los casos nacionales.
