Un paso firme contra uno de los delitos más extendidos del país
Cada llamada telefónica, cada mensaje intimidante, cada cobro por “protección” refleja una herida abierta en la sociedad mexicana: la extorsión. Bajo este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa de reforma constitucional que busca atacar el problema desde su raíz legal, dotando al Congreso de la Unión de facultades para crear una Ley General contra la Extorsión.
Una vez que la iniciativa llegue a la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política solicitará que se turne de inmediato a comisiones para su análisis. Así lo confirmó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien también adelantó que se realizarán foros de debate con expertos, víctimas, autoridades y legisladores, como parte del proceso democrático.
Reforma al artículo 73: facultades claras, persecución de oficio
El núcleo de la propuesta reside en la modificación del artículo 73 constitucional, con el objetivo de que el Congreso pueda legislar en materia de extorsión como ya lo ha hecho con delitos de alto impacto como el secuestro, la desaparición forzada y la tortura.
Una de las transformaciones más relevantes es que la extorsión sea considerada un delito de oficio, es decir, que su persecución no dependa de una denuncia expresa de la víctima, sino que, al ser detectada por cualquier autoridad, ésta tenga la obligación legal de actuar.
Este enfoque pretende romper con el círculo de miedo e impunidad que actualmente impide que miles de víctimas denuncien, al temer represalias.
Monreal: “Es urgente legislar ya; esta vez hay consenso”
Ricardo Monreal, coordinador de Morena, reconoció la urgencia del tema. “Le voy a pedir al presidente de la Comisión de Justicia que arranque de inmediato con el estudio de la iniciativa”, declaró. Aunque la propuesta podría analizarse en la Comisión de Justicia o en la de Puntos Constitucionales, el llamado es claro: la extorsión será prioridad legislativa en septiembre, cuando inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones.
El senador morenista subrayó que esta reforma se alinea con la estrategia de seguridad del gobierno federal, que ya contempla herramientas como la línea 089 para denuncias anónimas y la operación de unidades especializadas, como ya ocurre en el combate al secuestro.
La oposición también respalda la propuesta presidencial
Pese a tratarse de una iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum, el respaldo no se limita a las filas de Morena. El diputado panista Héctor Saúl Téllez celebró la intención de legislar una ley general sobre extorsión y recordó que él mismo, en nombre del PAN, presentó una propuesta similar el 2 de octubre de 2024.
“Qué bueno que el gobierno reconoce que este ilícito ha crecido en años recientes en al menos un 60%. Es momento de trabajar y poner manos a la obra para detenerlo”, subrayó.
Este inusual clima de consenso anticipa una posible aprobación expedita, lo cual no es común en el Congreso mexicano.
Extorsión: una amenaza que se ha normalizado
La urgencia de una Ley General contra la Extorsión no es un simple trámite legislativo. Se trata de atender una problemática que afecta a comerciantes, empresarios, transportistas, familias y ciudadanos comunes en todo el país.
Hoy en día, muchas víctimas optan por no denunciar, ya sea por miedo, desconfianza o porque la extorsión ocurre sin violencia física. Esta invisibilidad alimenta su crecimiento. Por eso, el cambio más disruptivo de la propuesta es permitir la actuación del Estado sin necesidad de una denuncia.
Reglamentar para que la Constitución se aplique
Monreal recordó que, aunque el delito de extorsión ya está considerado grave en el artículo 19 constitucional y amerita prisión preventiva oficiosa, hace falta una legislación reglamentaria que detalle cómo aplicar la norma. «La sola expresión en la Constitución no basta», afirmó. “Si no se reglamenta, se queda como letra muerta”.
De ahí la importancia de la propuesta de Sheinbaum: facultar expresamente al Congreso para que expida una Ley General contra la Extorsión, que establezca procedimientos, responsabilidades, protocolos de actuación y sanciones claras.
El reto: traducir la iniciativa en resultados reales
Más allá del proceso legislativo, el verdadero reto será que esta futura ley transforme la realidad cotidiana. No bastará con aprobarla: hará falta capacitación para agentes del Ministerio Público, coordinación interinstitucional, presupuesto, acompañamiento a víctimas y voluntad política a nivel federal y estatal.
La expectativa social es enorme. Millones de mexicanos exigen resultados concretos frente a un delito que les roba la paz, amenaza su seguridad económica y vulnera la confianza en el Estado.
Una oportunidad histórica para romper el ciclo de impunidad
La iniciativa de Claudia Sheinbaum representa una oportunidad histórica para enfrentar uno de los delitos más lesivos y normalizados en México. Si el Congreso logra aprobar una legislación robusta, con herramientas claras y con el respaldo de todas las fuerzas políticas, podría marcar el inicio de un cambio de paradigma en la lucha contra la extorsión.
La sociedad exige justicia, y el Estado está obligado a responder con leyes que no solo existan en papel, sino que protejan en la vida real.
