En las últimas semanas, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado pasos importantes hacia la reestructuración del sistema judicial mexicano. Las reformas que se presentarán en los próximos días a las leyes secundarias relacionadas con el Poder Judicial buscan hacer más transparente, eficiente y justo el funcionamiento de este organismo clave en el país.
La consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy Ramos, adelantó que las reformas abarcarán tres aspectos fundamentales: el fortalecimiento del Tribunal de Disciplina Judicial, la actualización de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la creación de una nueva estructura dentro de la Ley de Carrera Judicial.
Reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial: nuevos desafíos para la SCJN
Una de las propuestas más significativas se encuentra en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En ella, se establece una reducción en el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pasando de 11 a 9, lo que implicaría un cambio estructural importante. Además, se eliminarían las salas dentro de la Corte y se integrarían nuevas atribuciones para el Tribunal de Disciplina Judicial, que tomará un papel más activo en la supervisión y sanción de los jueces.
El objetivo de esta reforma es garantizar que las decisiones judiciales se mantengan imparciales, transparentes y que el sistema sea más eficiente, reduciendo la burocracia interna. Se establecerán procedimientos claros para que el Tribunal de Disciplina actúe frente a posibles faltas y arbitrariedades cometidas por los juzgadores.
Ley de Responsabilidades Administrativas: sanciones para los jueces
Otra reforma importante se centra en la Ley de Responsabilidades Administrativas, que delineará las faltas que los jueces pueden cometer en el ejercicio de sus funciones y las sanciones correspondientes. Este cambio busca que el Poder Judicial sea más responsable y menos susceptible a prácticas corruptas. Godoy Ramos destacó que esta reforma no otorgará al Tribunal de Disciplina la facultad de anular decisiones judiciales, sino que se enfocará en imponer faltas administrativas y, si es necesario, llevar casos al Ministerio Público para su investigación.
Ley de Carrera Judicial: fortaleciendo la formación y la ética
En cuanto a la Ley de Carrera Judicial, el enfoque está en fortalecer la formación continua de los jueces a través de la Escuela Nacional de Formación Judicial. Sin embargo, un aspecto innovador de esta reforma es la inclusión de la capacitación para otros actores del sistema judicial, como fiscales y policías, con el fin de que todos los miembros del sistema judicial estén mejor preparados para enfrentar los retos de la justicia moderna.
La implementación de esta reforma promete una mejor calidad en el servicio judicial, con un sistema más robusto que no solo castigue, sino que prevenga la corrupción y promueva una cultura ética dentro del ámbito judicial.
El llamado de Sheinbaum: más participación en la elección del Poder Judicial
Un aspecto que también ha resaltado la presidenta Claudia Sheinbaum es la falta de interés por parte de los juzgadores en el proceso de selección de los nuevos miembros del Poder Judicial de la Federación. En conjunto con Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar, Sheinbaum hizo un llamado para que más jueces se inscriban en el proceso de selección, que aún presenta un déficit en la cantidad de aspirantes necesarios, según los parámetros establecidos en la Constitución.
Este llamado busca no solo fortalecer la independencia del Poder Judicial, sino también garantizar que los seleccionados tengan el perfil adecuado para contribuir a la renovación del sistema judicial mexicano.
Impacto en el sistema judicial mexicano
Estas reformas, que abarcan desde la disciplina interna del Poder Judicial hasta la formación y la rendición de cuentas, marcarán un hito en la justicia mexicana. Con la implementación de estas leyes secundarias, Sheinbaum y su equipo buscan un Poder Judicial más fuerte, más transparente y más enfocado en servir a la sociedad con eficacia y sin sesgos.
Los cambios que se proponen reflejan la intención del gobierno de tener una justicia accesible, responsable y confiable, aspectos fundamentales para el buen funcionamiento del estado de derecho en cualquier nación.
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