En una decisión que ha generado intenso debate entre expertos en seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum continúa utilizando el mismo esquema de protección civil que implementó su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. La Ayudantía Presidencial, compuesta exclusivamente por civiles con sueldos que oscilan entre 64,854 y 93,510 pesos mensuales, representa un cambio radical en la tradición de seguridad presidencial mexicana, alejándose de los estándares internacionales que privilegian equipos especializados y protección las 24 horas.
Un equipo civil frente a protocolos mundiales
Mientras líderes mundiales como el presidente estadounidense Donald Trump son protegidos por el Servicio Secreto -con capacitación especializada y recursos ilimitados- o Vladimir Putin cuenta con el Servicio Federal de Protección ruso que incluye francotiradores y múltiples círculos de seguridad, Sheinbaum confía su integridad física a ciudadanos comunes. Este modelo, creado originalmente por López Obrador, está integrado por hombres y mujeres de diversas profesiones y experiencias, bajo el mando de Juan José Ramírez Mendoza, hermano del expresidente de Morena en la CDMX.
El análisis comparativo revela las significativas diferencias entre el modelo mexicano y los protocolos internacionales. Javier Rosiles, analista político de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, advierte sobre los riesgos: «En otros países, quizá, pudiéramos decir que se exagera en la manera cómo se protege a quienes ejercen el gobierno, pero en México llegó un punto en el que quizá estamos en el extremo, en el pensar que la presidenta Sheinbaum no requiere de un equipo de seguridad, y eso puede tener consecuencias muy severas».
El incidente que encendió las alarmas
La vulnerabilidad del esquema actual quedó en evidencia reciente cuando la presidenta Sheinbaum fue víctima de acoso mientras caminaba por el Centro Histórico. Este incidente ha generado cuestionamientos sobre la eficacia de un modelo que prioriza la austeridad republicana sobre la protección especializada. Expertos en seguridad nacional señalan que, aunque es deseable evitar el excesivo hermetismo de otros gobiernos, la protección del mandatario debe equilibrar accesibilidad con medidas de seguridad robustas.
Rosiles añade un matiz importante al debate: «A lo mejor, que este equipo no sea tan ostentoso como en otros países, pero sí me parece que hay que replantearse». Esta postura refleja la tensión inherente entre mantener la imagen de un gobierno cercano al pueblo y garantizar la seguridad irrestricta de la primera mandataria, particularmente en un país con significativos desafíos en materia de seguridad pública.
Los orígenes del modelo actual
La transformación del esquema de seguridad presidencial comenzó con López Obrador, quien incluso antes de asumir la presidencia anunció la eliminación del Estado Mayor Presidencial. Esta institución, que por décadas se encargó de la protección del ejecutivo federal, fue considerada por el expresidente como «onerosa» y excesivamente lujosa. En su lugar, creó la Ayudantía, inicialmente encabezada por Daniel Asaf Manjarrez, amigo de sus hijos y hoy diputado federal de Morena.
Este enfoque no era nuevo en la trayectoria política de López Obrador. Durante su gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, había implementado un grupo similar de seguridad denominado «Gacelas», sentando las bases de lo que sería su modelo presidencial. La filosofía subyacente privilegia la simplicidad y el ahorro sobre la especialización y el despliegue tecnológico.
El desaparecido Estado Mayor Presidencial
El contraste entre ambos modelos no podría ser más evidente. El Estado Mayor Presidencial era un órgano técnico militar cuyas facultades estaban establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Armada Nacionales. Su artículo 15 especificaba que su función era «auxiliar en la obtención de información general; planificar las actividades personales propias del cargo y las prevenciones para su seguridad y participar en la ejecución de actividades procedentes».
Las funciones especializadas del extinto organismo incluían garantizar la seguridad del presidente y su familia, proteger a mandatarios extranjeros en visita oficial, cuidar a expresidentes de la República y resguardar las instalaciones presidenciales. Su desaparición representó un cambio histórico en la tradición de seguridad mexicana, eliminando una estructura que combinaba experiencia militar con protocolos internacionalmente probados.
El debate sobre costos y eficacia
López Obrador justificó la eliminación del Estado Mayor argumentando que era «caro y lujoso». En agosto de 2019, detalló: «Eran mil para la administración de las oficinas de Presidencia, los gastos, oficina, y dos mil adicionales, no de sueldo, porque ellos cobraban en la Secretaría de la Defensa; dos mil para el Estado Mayor Presidencial». Sin embargo, críticos señalan que la seguridad presidencial no es un ámbito donde deba primar la austeridad, especialmente considerando el contexto de violencia que vive México.
El modelo híbrido -que combine elementos de ambos enfoques- emerge como una posible solución. Expertos sugieren que podría mantenerse la filosofía de accesibilidad y simplicidad, pero incorporando elementos de profesionalización y tecnología que mitiguen riesgos potenciales. El reciente incidente en el Centro Histórico parece confirmar la necesidad de este reequilibrio.
El camino ahead en seguridad presidencial
La continuidad del modelo de seguridad civil enfrenta su prueba más difícil con la presidencia de Sheinbaum. Mientras algunos celebran la ruptura con protocolos considerados excesivos y distantes, otros advierten sobre riesgos potencialmente catastróficos. La protección del ejecutivo no es solo una cuestión de seguridad personal, sino de estabilidad institucional y continuidad gubernamental.
Las próximas decisiones en esta materia definirán si México consolida un nuevo paradigma en seguridad presidencial o retorna a elementos de los modelos tradicionales. Lo que queda claro es que el debate entre accesibilidad y protección, entre austeridad y eficacia, seguirá marcando la discusión sobre cómo debe protegerse a la primera mandataria en una nación con complejos desafíos de seguridad.
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