En un esfuerzo por mejorar la seguridad y la justicia en México, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una ambiciosa reforma al artículo 21 de la Constitución. Esta propuesta otorgaría a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) nuevas facultades para realizar investigaciones delictivas, en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de mejorar la capacidad del país para enfrentar el crimen organizado y otros delitos graves. Inspirada en el modelo de justicia de Estados Unidos, la reforma pretende reforzar las capacidades de investigación de las policías en México, facilitando una respuesta más ágil y eficaz a las demandas de seguridad de la ciudadanía.
¿Por qué se necesita esta reforma? El contexto de seguridad en México
México enfrenta uno de los momentos más críticos en términos de seguridad pública. Los altos índices de criminalidad y la presencia de cárteles de narcotráfico y crimen organizado han puesto en jaque la efectividad del sistema de justicia. Ante este panorama, la presidenta Sheinbaum busca implementar un modelo que aproveche las lecciones del sistema estadounidense, donde las fuerzas policiales tienen un papel activo en la investigación desde la recolección de denuncias hasta la presentación de pruebas ante las autoridades judiciales.
Actualmente, en México, el sistema de justicia limita a las policías en sus capacidades de investigación, reservando estas actividades a las fiscalías. Este modelo fragmentado ha dificultado que las investigaciones se desarrollen con rapidez y eficiencia, afectando la efectividad y transparencia de la justicia penal.
Inspiración en el modelo estadounidense: ¿Cómo funcionaría en México?
En Estados Unidos, las policías participan en todo el proceso de investigación, desde recibir denuncias hasta recolectar pruebas. Este enfoque permite detectar patrones de criminalidad y responder rápidamente a los delitos en curso. En casos de flagrancia, las policías pueden actuar inmediatamente, asegurando la detención de sospechosos y preservando la escena del crimen.
Otro aspecto fundamental es el uso de tecnología avanzada, como la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas, las cuales son herramientas poderosas en casos de delitos complejos. Sin embargo, el uso de estas técnicas está estrictamente regulado y requiere de autorización judicial para evitar violaciones a los derechos constitucionales de los sospechosos.
Detalles de la reforma: facultades y supervisión
La reforma presentada por Sheinbaum al artículo 21 otorgará a la SSPC facultades para coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública y liderar operativos conjuntos a nivel federal, estatal y municipal. Esta coordinación no solo permitirá una respuesta más eficiente, sino que también busca unificar criterios en la recolección y manejo de pruebas, mejorando la cadena de custodia.
Además, la SSPC tendrá la capacidad de actuar en flagrancia y recolectar pruebas con un nuevo marco de supervisión judicial, similar a los principios de “causa probable” en Estados Unidos, que exigen evidencia razonable para justificar las detenciones y asegurar el respeto a los derechos de los sospechosos. Este marco incluye un proceso de supervisión judicial para operaciones encubiertas y la interceptación de comunicaciones, estableciendo límites claros para la protección de derechos individuales.
Retos y críticas: obstáculos para una implementación efectiva
Aunque el modelo estadounidense es una inspiración para la reforma, la realidad mexicana impone varios desafíos. Por un lado, la Guardia Nacional, cuyo enfoque ha sido más militar que de investigación, carece de la experiencia necesaria para llevar a cabo tareas complejas de recopilación de evidencia. Asimismo, la SSPC y las policías estatales enfrentan deficiencias en capacitación y equipamiento, lo cual dificulta que el modelo propuesto alcance la efectividad deseada.
Un problema particular es la capacidad de supervisión judicial y la inadmisibilidad de pruebas obtenidas ilegalmente. Si bien en Estados Unidos las pruebas recopiladas sin respetar los derechos constitucionales son inadmisibles en el juicio, en México esta práctica no es tan común. Implementar este nivel de supervisión requeriría un compromiso significativo para evitar que violaciones de derechos resulten en impunidad.
El rol de la SSPC en el combate al crimen organizado y el impacto de la reforma
El crimen organizado en México ha superado a las capacidades del Estado en muchas áreas. Con esta reforma, Sheinbaum pretende que la SSPC y la FGR actúen de manera más coordinada, cerrando las brechas que facilitan la actividad de los cárteles. Esta colaboración busca que ambos organismos compartan la responsabilidad de los casos y los recursos de investigación, sin que las pruebas o las líneas de investigación se pierdan en el proceso.
Además, el objetivo es aumentar la transparencia y legitimidad de las investigaciones. La supervisión judicial y el respeto a los derechos de los sospechosos, incluyendo el derecho a no autoincriminarse y a contar con asistencia legal, serán elementos clave para mejorar la percepción pública de las fuerzas de seguridad. La confianza en el sistema de justicia penal es esencial para que la ciudadanía colabore y denuncie los delitos sin temor a represalias o a que los procesos judiciales sean manipulados.
¿Puede la reforma al artículo 21 mejorar la justicia en México?
La reforma propuesta por Sheinbaum tiene un objetivo ambicioso: construir un sistema de justicia más ágil, transparente y eficaz, en el que la SSPC asuma un papel protagónico en la investigación criminal. Sin embargo, para lograr este objetivo, será necesario enfrentar los obstáculos de capacitación, infraestructura y supervisión judicial que limitan el actual modelo de justicia en México. Aún queda un largo camino para que el país alcance los estándares que la presidenta busca replicar, pero esta reforma es, sin duda, un primer paso hacia una mejora en la investigación delictiva y la respuesta ante el crimen organizado.
La efectividad de esta reforma dependerá de la voluntad política, la capacitación de las fuerzas policiales y el compromiso con el respeto de los derechos humanos. Solo así podrá México avanzar hacia una seguridad pública más justa y confiable.
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