En el corazón de la nueva estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum yace una decisión política de gran calado: una iniciativa enviada al Congreso para fortalecer las labores de inteligencia del Ejército, consolidando su rol en la seguridad pública.
Más allá de los cuatro pilares anunciados públicamente, la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum contiene un componente que define su dirección política y que ya genera un intenso debate: el fortalecimiento explícito de las capacidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas. La mandataria ha enviado una iniciativa al Congreso que, en la práctica, otorga más poder al Ejército en tareas de seguridad, un movimiento que reconfigura el balance de poder dentro del aparato estatal.
Esta decisión se suma a la ya anunciada consolidación de la Guardia Nacional (GN) bajo el mando operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). En conjunto, estas medidas apuntan a una estrategia que, si bien se distancia retóricamente de la «guerra contra el narco», en los hechos profundiza la participación militar en la seguridad interior, particularmente en el ámbito de la información y la investigación.
La justificación oficial es clara: mejorar la capacidad del Estado para desmantelar organizaciones criminales complejas. El gobierno argumenta que se necesita una inteligencia más robusta y centralizada para ser efectivos. Sin embargo, la decisión de depositar esta responsabilidad ampliada en el estamento militar, y no exclusivamente en cuerpos civiles, es el núcleo de la controversia.
La Tensión Inherente: ¿Poder Civil o Mando Militar?
La nueva doctrina de seguridad parece operar en dos vías que podrían generar tensiones a futuro. Por un lado, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, está impulsando la creación de una fuerza de investigación e inteligencia civil a nivel nacional, con planes de reclutar hasta 10,000 agentes. Este proyecto busca construir una capacidad policial civil robusta, capaz de investigar delitos complejos y colaborar eficazmente con los fiscales.
Por otro lado, la iniciativa para dar más poder de inteligencia al Ejército crea un polo de poder paralelo dentro de la SEDENA. Esto ha generado recelo y preguntas sobre cómo se coordinarán estas dos estructuras, quién tendrá la primacía en las investigaciones y cómo se garantizará la rendición de cuentas de las actividades de inteligencia militar.
Analistas señalan que esta dualidad estratégica, aunque presentada bajo el paraguas de la «coordinación», podría ser una fuente de fricción interna. No se trata solo de cómo combatir el crimen, sino de quién controla la información estratégica del Estado. Esta reconfiguración del poder es una de las transformaciones más profundas y menos discutidas de la nueva política de seguridad.
«Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia en esta estrategia de cuatro ejes», ha declarado la presidenta Sheinbaum, enfatizando la «inteligencia» como un pilar central.
El Contexto Político y las Implicaciones a Futuro
La decisión de fortalecer al Ejército se produce en un contexto donde la administración busca mostrar resultados rápidos y contundentes en materia de seguridad. La confianza en la disciplina y capacidad operativa de las Fuerzas Armadas parece ser un factor determinante. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y opositores políticos han expresado históricamente su preocupación por la militarización de la seguridad pública, argumentando riesgos en materia de derechos humanos y falta de transparencia.
El gobierno de Sheinbaum intenta caminar sobre una línea delgada: utilizar la capacidad militar para obtener resultados, mientras públicamente rechaza las etiquetas de «militarización» y «guerra». El éxito de esta apuesta dependerá no solo de la reducción de la violencia, sino de la capacidad del gobierno para establecer mecanismos de control civil efectivos sobre las nuevas y ampliadas facultades de inteligencia del Ejército.
La discusión en el Congreso de esta iniciativa será un termómetro clave para medir el alcance del proyecto de seguridad de la nueva administración y el futuro de las relaciones cívico-militares en México. La era de los «abrazos, no balazos» ha terminado, y en su lugar emerge una estrategia más compleja, pragmática y, para algunos, políticamente más arriesgada.
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