Este lunes 25 de noviembre, en el Parque Ecológico Xochimilco, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reunió a gobernadores de las 32 entidades del país para la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua. El evento, que marcó un hito en la gestión de recursos hídricos en el país, congregó a representantes de todos los estados, incluidos aquellos gobernados por partidos de oposición, lo que reflejó un consenso político trascendental.
Un compromiso nacional para garantizar el acceso al agua
El agua es un derecho fundamental, pero en México, 35 millones de personas sufren de escasez. Este acuerdo tiene como objetivo garantizar que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a este recurso vital. Durante el evento, Sheinbaum destacó que este acuerdo no solo aborda el acceso al agua, sino que también se compromete a preservar los ecosistemas, promover la eficiencia en el uso del agua y asegurar su distribución equitativa.
La importancia de un acuerdo sin precedentes
Aunque los acuerdos sobre el agua no son nuevos, este tiene características que lo hacen único. La firma incluye a los gobernadores de todos los estados, independientemente de su afiliación política. Este gesto subraya la relevancia del tema y la necesidad de unidad para abordar un problema que afecta a todos los mexicanos. De acuerdo con Sheinbaum, el agua no puede seguir siendo tratada como una mercancía, sino como un bien nacional que debe ser protegido y gestionado eficientemente.
La intervención de Alicia Bárcena: un llamado urgente a la acción
Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), también participó en el evento. Con una andadera ortopédica que facilitó su movilidad tras una cirugía, Bárcena recalcó la urgencia de gestionar el agua de manera eficaz. Explicó que el ciclo del agua debe ser protegido mediante acciones concertadas a nivel nacional, ya que el problema es colectivo, sistémico y requiere soluciones simultáneas. Para lograrlo, se comprometió a llevar a cabo la limpieza de ríos como el Lerma-Santiago, el Tula y el Atoyac, como parte de un esfuerzo más amplio por restaurar los ecosistemas que dependen del agua.
El impacto del acuerdo en las políticas de agua en México
El Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua también contempla una revisión y control más estricto de las concesiones de agua, un tema que ha sido controversial desde la década de los 90. En este sentido, Sheinbaum destacó que el gobierno buscará poner orden en el sistema de concesiones y eliminar las prácticas irregulares que han permitido la apropiación del agua de manera poco transparente.
El acuerdo, además, involucra cambios en la legislación para garantizar que el uso del agua dulce se mantenga eficiente, considerando tanto las necesidades de los sectores urbanos como rurales. Este aspecto es especialmente crucial para los agricultores, quienes dependen del agua para la producción de alimentos en el país.
¿Qué sigue después de la firma del acuerdo?
La firma del acuerdo es solo el inicio de un largo proceso de implementación. Ahora, los gobernadores, las autoridades federales y los diversos sectores involucrados en la gestión del agua deben trabajar juntos para poner en marcha las acciones acordadas. Entre ellas, destaca la protección de los ecosistemas acuáticos, la construcción de infraestructura para garantizar el acceso al agua en las zonas más necesitadas, y la mejora de los sistemas de distribución.
El compromiso de los gobernadores de todas las entidades federativas es clave para el éxito de este plan, y es un ejemplo de cómo, más allá de las diferencias políticas, los mexicanos pueden unirse para resolver los problemas que afectan a la nación.
Un paso crucial hacia un futuro sostenible
El Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua representa un avance significativo en la lucha por la conservación de los recursos hídricos de México. Si bien la escasez de agua sigue siendo un reto enorme, el acuerdo subraya la importancia de actuar de manera colectiva, responsable y coordinada. Con este acuerdo, México se compromete no solo a garantizar el acceso al agua, sino a preservarlo para las generaciones futuras, asegurando un desarrollo más equitativo y sostenible.
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