La Cámara de Diputados ha seguido la línea del Senado y no la de la presidenta Claudia Sheinbaum al aprobar la reforma constitucional que pone fin a la reelección consecutiva y limita el nepotismo electoral. Sin embargo, la aplicación de estas medidas ha sido pospuesta hasta 2030, generando un intenso debate sobre su impacto en la política mexicana.
El fin de la reelección inmediata en México
Con una votación de 477 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, la Cámara de Diputados ha establecido que la reelección inmediata será eliminada en múltiples cargos de elección popular, incluyendo:
- Diputaciones y senadurías federales
- Presidencia de la República
- Gobernaturas
- Diputaciones locales
- Presidencias municipales, regidurías y sindicaturas
- Jefatura de Gobierno, alcaldías y concejalías
Este cambio busca garantizar la renovación constante del poder, aunque su implementación será hasta la década siguiente.
Nepotismo electoral: una prohibición con prórroga
El dictamen aprobado también establece nuevas restricciones para evitar el nepotismo en elecciones. A partir de 2030, quienes deseen postularse a cargos de elección popular no podrán haber tenido, en los tres años previos a la elección, un vínculo de:
- Matrimonio
- Concubinato o unión de hecho
- Parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado
- Parentesco colateral hasta el cuarto grado
- Afinidad hasta el segundo grado
Estas medidas buscan prevenir la concentración de poder dentro de familias y asegurar la imparcialidad en los procesos electorales.
Transición política y adecuaciones legales
El decreto establece que quienes ocupen cargos públicos en 2030 no podrán postularse para una reelección inmediata. Además, las entidades federativas y la Ciudad de México tendrán un plazo de 180 días para actualizar sus constituciones y normativas conforme a la nueva legislación.
Este aplazamiento ha generado cuestionamientos sobre el verdadero compromiso del Congreso con la reforma. Mientras que algunos consideran que la prórroga hasta 2030 da margen para una transición ordenada, otros critican que se retrase la aplicación de medidas urgentes para fortalecer la democracia mexicana.
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