Por primera vez en su historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrirá sus puertas para escuchar directamente a grupos sociales en una audiencia pública. La decisión, aprobada bajo el Acuerdo General 5/2025, marca un precedente en el sistema judicial mexicano al incorporar la voz ciudadana, especialmente la de las personas con discapacidad, en la deliberación de un fallo constitucional.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz anunció que esta sesión inédita busca fortalecer el principio de justicia abierta y garantizar que los sectores históricamente excluidos tengan participación efectiva antes de que el Pleno emita su sentencia.
“Será una oportunidad para que la Corte escuche a quienes viven directamente las consecuencias de las leyes que analizamos”, afirmó el ministro.
La acción que detonó el cambio
El caso que motivó esta apertura corresponde a la acción de inconstitucionalidad 182/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán (CDHM). En este expediente, se analiza si una norma estatal fue aprobada sin consultar previamente a las personas con discapacidad, lo que podría vulnerar sus derechos fundamentales.
Durante la sesión del 7 de octubre, el debate se tornó intenso y el Pleno decidió aplazar su resolución. Fue entonces cuando distintas organizaciones civiles de Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Ciudad de México y Veracruz solicitaron ser escuchadas, lo que derivó en esta primera audiencia pública.
La ministra ponente Lenia Batres Guadarrama destacó que el compromiso de escuchar a las comunidades afectadas no solo responde a una exigencia legal, sino ética:
“No se puede hablar de justicia constitucional sin participación ciudadana”, escribió en sus redes sociales.
Un precedente que transforma la relación entre la Corte y la sociedad
Esta decisión representa un punto de inflexión en la historia judicial mexicana. Hasta ahora, la Suprema Corte deliberaba a puerta cerrada, limitando la intervención social a documentos y alegatos formales. Con esta nueva figura, las personas con discapacidad podrán presentar directamente sus experiencias, demandas y propuestas ante los ministros.
Organizaciones defensoras de derechos humanos celebraron la medida, destacando que la inclusión en los procesos judiciales fortalece la democracia y la legitimidad institucional.
Expertos en derecho constitucional señalan que este modelo puede replicarse en futuros casos donde estén involucrados grupos vulnerables, consolidando un enfoque más humano y participativo dentro de la SCJN.
Una Corte más cercana a la ciudadanía
Con esta audiencia, la Corte no solo escucha, sino que reconoce públicamente a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos. En palabras del ministro Aguilar Ortiz, el objetivo es que las decisiones judiciales “reflejen la realidad y las voces de la sociedad”.
Este cambio institucional también responde a la tendencia global de justicia abierta, promovida por organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que impulsan la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en el poder judicial.
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