El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, enfrentó recientemente una polémica tras ser acusado de construir un rancho valuado en 800 millones de pesos en Tamaulipas. Desde sus redes sociales, el mandatario negó rotundamente los señalamientos y destacó que toda su información patrimonial es pública y transparente.
“Somos un gobierno incorruptible, tenemos una aprobación del 73% y toda nuestra información fiscal, patrimonial y de intereses está disponible al público”, declaró mientras compartía un video que lo muestra finalizando su rutina de ejercicio.
Contexto de las acusaciones
La controversia comenzó cuando un diario de circulación nacional publicó que una empresa vinculada al padre de Samuel García, como representante legal, estaba detrás de la construcción de un rancho en el municipio de Burgos, Tamaulipas, con una extensión de 700 hectáreas (equivalente a 149 veces el Zócalo capitalino).
Según la publicación, el predio contendría una residencia de lujo que involucraba recursos millonarios. Sin embargo, García Sepúlveda desmintió esta versión señalando que no existían pruebas que respaldaran las acusaciones.
“Mi patrimonio es público desde que fui diputado”
Samuel García recordó que su declaración patrimonial ha sido pública desde que inició su carrera política como diputado, y aseguró que las acusaciones son una estrategia para dañar su imagen y la de su familia.
“Estas portadas a nivel nacional solo buscan perjudicarme, pero no presentaron ni una sola prueba. Yo sí demostré que todo es falso”, afirmó.
A pesar de su desmentido, el gobernador lamentó que no existan consecuencias legales para quienes publican noticias falsas que afectan la reputación de funcionarios públicos. “No hacen lo mínimo por limpiar el daño que causan”, reclamó.
Un cierre contundente
El gobernador cerró su mensaje con una declaración enfática: “Somos incorruptibles. Aquí no hay nada que ocultar”, reafirmando su compromiso con la transparencia y el buen gobierno.
Aunque la constructora señalada también negó cualquier relación con la supuesta obra, el caso sigue generando debate en redes sociales y medios de comunicación.
Este episodio pone de manifiesto la necesidad de regular la desinformación en medios y redes, un tema que afecta tanto a funcionarios como a ciudadanos comunes.
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