¿Qué cambió en la reforma de telecomunicaciones?
El viernes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional con un nuevo esquema para la regulación de telecomunicaciones y radiodifusión. Originalmente, las facultades regulatorias serían absorbidas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), mientras que las relacionadas con competencia económica pasarían a un nuevo órgano descentralizado.
Sin embargo, en la mañanera del 13 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso un giro inesperado: dividir las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en tres instituciones. Así, las atribuciones quedarían repartidas de esta forma:
- Técnicas: a la ATDT.
- Competencia económica y concesiones privadas: al nuevo órgano descentralizado bajo la Secretaría de Economía.
- Concesiones públicas y sociales: a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Las tres ventanillas: ¿orden o caos?
La idea de fragmentar el sector en tres entidades genera más preguntas que respuestas. ¿Cómo diferenciar lo técnico de lo regulatorio? Este esquema parece ser una medida apresurada para cumplir con el T-MEC, que exige un órgano autónomo en telecomunicaciones. Sin embargo, un órgano descentralizado no cumple con los estándares del tratado, ya que no es independiente del Ejecutivo.
Por si fuera poco, el rediseño del marco jurídico no incluye un presupuesto adecuado. Por ejemplo:
- El IFT tendrá un presupuesto reducido a 500 millones de pesos en 2025, muy lejos de los 1,600 millones proyectados.
- La ATDT, aunque es presentada como una agencia tecnológica de punta, dependerá de los recursos de organismos absorbidos, como el Servicio Postal Mexicano.
- El nuevo órgano de competencia económica nace bajo la Secretaría de Economía, que también ha sufrido recortes.
Impacto en la inversión y el marco legal
La falta de claridad y estabilidad en las reglas del juego afecta gravemente la inversión en el sector de telecomunicaciones, uno de los motores clave de la economía mexicana. Para atraer inversionistas, se necesitan condiciones predecibles, pero esta reforma, lejos de ofrecer certidumbre, refleja un proceso improvisado.
Además, el capítulo 18 del T-MEC establece que México debe contar con un organismo autónomo que garantice reglas claras y justas. Este diseño, en el mejor de los casos, roza con el incumplimiento de estos compromisos internacionales.
2025: un inicio complicado para las telecomunicaciones
El panorama para 2025 en el sector de telecomunicaciones luce sombrío:
- Múltiples ventanillas: El sector quedará dividido en tres instituciones, complicando la coordinación administrativa.
- Débil estructura presupuestal: Ninguna de las entidades tiene los recursos necesarios para operar eficientemente.
- Falta de claridad jurídica: Las nuevas leyes aún no han sido publicadas, generando incertidumbre sobre las normas aplicables.
Además, la eliminación de los jueces especializados en telecomunicaciones, prevista para junio de 2025, agrava la incertidumbre jurídica. Sin reglas claras, ¿quién se atreverá a invertir en este sector clave?
Kafkiano y preocupante
El rediseño de último minuto refleja improvisación y falta de visión estratégica. Como lo señala el análisis, un sector tan importante como el de telecomunicaciones no puede ser tratado con esta falta de seriedad. La apuesta de Sheinbaum por reformar el sistema genera más dudas que respuestas y amenaza con colocar a México en una posición desfavorable ante los compromisos internacionales y los inversionistas.
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