El 30 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), con el objetivo de reestructurar el funcionamiento de las dependencias que formarán la columna vertebral de su gobierno. Sin embargo, el documento enviado al Congreso contiene un error monumental: la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, encargada de salvaguardar los intereses legales de la administración, fue eliminada del texto por completo.
Autodesaparición de la Consejería Jurídica
El error se encuentra en el artículo 26 de la reforma, que detalla las competencias de las secretarías de Estado y la Consejería Jurídica. Al incluir a la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, se omitió cualquier mención a la Consejería. Aunque esta no desaparece formalmente (pues tiene sustento constitucional en el artículo 90), el descuido evidencia fallas graves en la supervisión legislativa.
Peor aún, la Cámara de Diputados no identificó el problema, aprobando la reforma tal cual y enviándola al Senado como minuta.
Errores recurrentes: una señal preocupante
La desaparición accidental de la Consejería Jurídica no es un caso aislado. Otros errores recientes en iniciativas legislativas subrayan la falta de rigor en los procesos legales del Ejecutivo y el Legislativo:
- Presupuesto educativo: Recortes mal justificados a la UNAM y el IPN.
- Reformas judiciales: Métodos contradictorios para el nombramiento del presidente de la SCJN.
- Iniciativas inviables: Becas para jóvenes que no estudian ni trabajan, frenadas en el Senado por falta de presupuesto.
Estos deslices no solo dañan la imagen de la administración, sino que también socavan la confianza en la capacidad técnica del gobierno para enfrentar desafíos legales, tanto nacionales como internacionales.
Impacto internacional: el costo de la improvisación
La falta de precisión jurídica tiene consecuencias tangibles. Un ejemplo reciente es la derrota de México en el panel arbitral sobre el maíz transgénico, donde las deficiencias legales debilitaron nuestra posición. Con la renegociación del T-MEC en puerta, y un panorama comercial adverso con los nuevos funcionarios de Estados Unidos y Canadá, estos errores podrían costar caro.
El presupuesto de 149 millones de pesos asignado a la Consejería Jurídica para 2025, una reducción del 13% respecto al año anterior, apenas representa el 0.007% del presupuesto total del Ejecutivo federal. Este bajo financiamiento se traduce en equipos insuficientes y errores que podrían evitarse con un personal capacitado.
¿Quién protege a la Presidenta?
La Consejería Jurídica debería ser la primera línea de defensa legal del Ejecutivo. Sin embargo, este episodio revela una preocupante falta de control y supervisión. No solo queda en entredicho la capacidad de la consejera jurídica Ernestina Godoy Ramos, sino también la estructura que debería respaldar a la Presidenta en un entorno cada vez más complejo.
Conclusión: el costo de los errores legales
La autodesaparición de la Consejería Jurídica en la LOAPF es más que un desliz técnico: es un reflejo de la falta de preparación en un gobierno que enfrenta desafíos gigantescos. Si no se corrige el rumbo, estos errores seguirán costándole al país en términos de credibilidad y eficacia, tanto a nivel nacional como internacional.
La administración de Claudia Sheinbaum aún está a tiempo de reforzar su equipo jurídico y garantizar que los intereses de México estén protegidos. Pero cada error que pasa desapercibido se suma al precio que pagaremos como nación.
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