Desde su creación en 1990 como el Instituto Federal Electoral (IFE), el ahora Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido un símbolo de democracia y transparencia en México. Concebido como un órgano colegiado, el INE se ha distinguido por promover el debate y el consenso a través de su Consejo General (CG), donde las decisiones son tomadas de manera conjunta y plural. Esta estructura colegiada ha sido clave para asegurar que el INE actúe con independencia y transparencia en sus decisiones.
Sin embargo, una reciente reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), publicada el 14 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, amenaza con transformar este equilibrio.
La modificación de los artículos 45 y 48 de la LGIPE ha generado una controversia constitucional, y el INE ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revise estos cambios por considerar que vulneran su autonomía.
¿Qué cambia con la reforma en el INE?
Antes de la reforma, el Consejo General del INE tenía la facultad de designar a los titulares de las áreas técnicas del Instituto. Esta responsabilidad recaía en el pleno del CG y garantizaba un proceso transparente en el que todas las consejerías participaban de forma colegiada. La nueva reforma, sin embargo, otorga a la Presidencia del INE la facultad exclusiva de realizar estas designaciones, eliminando la necesidad de consenso y promoviendo una concentración de poder que podría afectar la independencia de la institución.
Adicionalmente, la reforma modifica el artículo 48 de la LGIPE, ampliando las facultades de la Junta General Ejecutiva (JGE), el órgano encargado de los procedimientos administrativos internos del INE. Con los cambios, la JGE ahora tiene autoridad para aprobar cualquier tipo de acuerdo administrativo, técnico u operativo, sin especificar si estos deben ser revisados por el Consejo General. Este cambio abre la puerta a una posible invasión de competencias y plantea dudas sobre el papel del Consejo como el máximo órgano de dirección del INE.
Un debate sobre autonomía y concentración de poder
La preocupación de muchos consejeros y expertos en derecho electoral es que estas reformas podrían abrir la puerta a la concentración de poder en la Presidencia del INE, debilitando el carácter colegiado de la institución.
Desde su creación, el INE ha sido un órgano que toma decisiones de forma colegiada precisamente para evitar la influencia de un solo actor y garantizar que la pluralidad sea la base de todas sus resoluciones.
Con el cambio actual, la autonomía del INE podría estar en riesgo, ya que una mayor concentración de poder en la Presidencia limita el rol de las consejerías y debilita el contrapeso que el Consejo General representa. En un contexto donde la independencia del INE es esencial para la legitimidad de los procesos electorales, estas modificaciones podrían tener consecuencias a largo plazo en la credibilidad de la institución.
La controversia constitucional: un recurso para defender la autonomía del INE
En respuesta a esta situación, el Consejo General del INE aprobó la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este recurso legal busca que la SCJN revise las reformas y determine si estas vulneran el principio de autonomía del INE. La intención es restaurar las facultades del Consejo General y asegurar que las decisiones del Instituto se mantengan en el ámbito colegiado y plural que las caracteriza.
Apoyada por varios consejeros, esta decisión también es una muestra del compromiso del INE con el Estado de derecho. La controversia constitucional es un recurso legítimo que permite al INE defender su autonomía y mantener un equilibrio en su estructura interna, evitando que un solo actor concentre el poder de la institución.
El rol de la SCJN: ¿un salvavidas para la democracia electoral?
La decisión de la Suprema Corte en esta controversia será clave para el futuro del INE y para la independencia de las instituciones electorales en México. Al intervenir, la SCJN tiene la oportunidad de reafirmar el principio de autonomía y proteger al INE de cualquier reforma que busque modificar su naturaleza colegiada y plural.
Mientras la SCJN revisa el caso, la sociedad mexicana y la comunidad internacional estarán atentas al desenlace, pues el INE es uno de los órganos democráticos más importantes del país. Su autonomía es esencial para garantizar elecciones libres y justas, y cualquier intento de concentrar poder en su Presidencia genera preocupación entre aquellos que defienden la transparencia y la imparcialidad en los procesos electorales.
El futuro de la democracia y la autonomía del INE
La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales plantea un desafío significativo para el Instituto Nacional Electoral y su estructura democrática. Con la controversia constitucional en manos de la SCJN, el INE busca defender su autonomía y preservar el carácter colegiado que le permite tomar decisiones de forma independiente y transparente.
A medida que este debate continúa, es vital que los ciudadanos mexicanos se mantengan informados y vigilantes. La independencia del INE es fundamental para el ejercicio de una democracia plena, y su defensa no solo es una responsabilidad del propio Instituto, sino también de la sociedad que confía en la integridad de sus procesos electorales.
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