La semana pasada, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó su propuesta de presupuesto para las elecciones judiciales de 2025. En este plan, el INE solicita 13 mil 205 millones de pesos (mdp), una cifra que ha generado polémica debido a su elevado monto, que supera incluso el costo de las elecciones federales de 2024, cuyo presupuesto fue de 8 mil mdp.
Este aumento ha encendido un intenso debate sobre la necesidad de este nivel de gasto, especialmente cuando las elecciones judiciales tienen características diferentes a las elecciones presidenciales o legislativas, ya que en este proceso no habrá financiamiento para partidos ni campañas publicitarias. Esto plantea la pregunta: ¿por qué el costo de las elecciones judiciales de 2025 sería mayor que el de una elección presidencial?
El desglose del presupuesto solicitado por el INE
De los 13 mil mdp solicitados, el INE desglosa su presupuesto de la siguiente manera:
- Capacitación electoral: 6 mil 830 mdp
- Organización del proceso: 4 mil 522 mdp
- Dirección de Administración: 1 mil 124 mdp
- Otros rubros menores, distribuidos en distintas áreas operativas del instituto
Estos números han sido duramente cuestionados, especialmente cuando la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, había indicado que se trataba de un presupuesto precautorio que podría ajustarse a la baja. Sin embargo, hasta el momento, no se ha observado ninguna reducción en el monto solicitado. En respuesta, varios actores políticos, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, han expresado su inquietud, cuestionando las razones del INE para incrementar de manera tan significativa el presupuesto en un proceso que, en teoría, debería ser más económico.
¿Por qué un presupuesto tan elevado para elecciones judiciales?
La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado públicamente su desacuerdo ante el incremento del presupuesto, señalando que la solicitud casi se duplicó “de la noche a la mañana” sin una justificación clara. Para Sheinbaum, resulta cuestionable que el INE solicite una cantidad tan elevada en tiempos de austeridad republicana, cuando el proceso en sí mismo no demanda una estructura tan compleja ni costosa como la de las elecciones presidenciales.
En un contexto donde el gobierno federal ha impulsado políticas de austeridad y racionalización del gasto, la solicitud del INE destaca por ser un incremento sustancial. La presidenta del INE argumentó que el monto era una medida precautoria, pero el hecho de que no se haya revisado aún a la baja sugiere que esta solicitud puede estar firme, lo cual inquieta tanto a analistas como a legisladores.
Elecciones judiciales: un proceso diferente que requiere menos recursos
A diferencia de las elecciones presidenciales y legislativas, las elecciones judiciales no implican la necesidad de financiar partidos ni campañas. Esto significa que la estructura de gasto debería, en teoría, ser más ligera. La principal crítica es que el INE parece estar aplicando los mismos parámetros presupuestarios de una elección federal a un proceso que no requiere esa magnitud de recursos.
La mayor parte del presupuesto solicitado por el INE se destinaría a capacitación y organización electoral; sin embargo, dado que no se trata de un proceso electoral de alcance federal, la justificación para tal gasto es cuestionable. En comparación, los 8 mil mdp aprobados para las elecciones de 2024, que involucraron campañas políticas y publicidad en medios, reflejan la complejidad de dicho proceso.
Llamado a la transparencia y racionalización de gastos
A la luz de esta situación, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados ha señalado la necesidad de una revisión detallada del presupuesto. La presidenta de la comisión, Merilyn Gómez Pozos, junto con el secretario de la comisión, han anunciado que realizarán un llamado al INE para que revise los gastos propuestos. Su objetivo es asegurar que el proceso judicial sea transparente, eficiente y en sintonía con el principio de austeridad republicana.
A través de una conferencia de prensa, Gómez Pozos ha dicho que “no se pueden permitir excesos ni derroches”, y que si bien la organización de procesos judiciales es relevante, es importante que el INE haga un uso prudente de los recursos públicos. Esta postura ha resonado entre diversos sectores que consideran que, aunque la democracia y sus procesos representan costos, no debería haber un gasto excesivo e injustificado en elecciones judiciales.
¿Qué implica este presupuesto para el INE y la democracia en México?
El presupuesto solicitado por el INE ha levantado una ola de críticas que podría impactar la percepción pública sobre la transparencia y la responsabilidad del instituto en el manejo de los recursos. La democracia, sin duda, tiene costos; sin embargo, en este caso, se espera que el INE aplique criterios de austeridad que respalden su legitimidad y responsabilidad frente a la sociedad.
Es vital que el instituto trabaje para equilibrar su función de regulador electoral con un uso eficaz de los recursos públicos. Así, lograría un proceso electoral ordenado sin incurrir en gastos que no se justifiquen plenamente. Este tipo de decisiones son claves para preservar la confianza en las instituciones y en la democracia.
Conclusión: La necesidad de un ajuste presupuestario y de claridad en el gasto
El Consejo General del INE enfrenta un reto importante: demostrar su compromiso con la austeridad y la transparencia en el uso de los recursos públicos. El presupuesto solicitado para las elecciones judiciales de 2025 ha generado cuestionamientos legítimos sobre la gestión del dinero en tiempos de austeridad, y sobre si este tipo de procesos requiere o no gastos tan elevados.
Para cumplir con sus responsabilidades y responder a las inquietudes de la ciudadanía, es imperativo que el INE revise su presupuesto, justifique cada uno de los rubros y haga ajustes que reflejen la magnitud real del proceso judicial. En última instancia, el instituto debe demostrar que está a la altura de sus obligaciones como órgano autónomo y como garante de la democracia en México.
TE PODRÍA INTERESAR