La reforma a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum abrió un intenso debate en el Senado. Mientras el Gobierno federal insiste en que el objetivo es hacer más rápidos los juicios, juristas y académicos advierten que la iniciativa podría limitar derechos ciudadanos.
El proyecto plantea reducir plazos para dictar sentencia y evitar que delincuentes recuperen bienes mediante suspensiones inmediatas. Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy defendieron que los cambios no son regresivos, sino una actualización para que el juicio de amparo sea más ágil y eficaz.
Sin embargo, voces como la del ministro en retiro Javier Laynez Potisek sostienen que la iniciativa coloca en el centro a las autoridades y no a los ciudadanos, lo que sería una desviación del espíritu original del amparo.
Audiencias públicas y críticas
El Senado programó audiencias públicas los días 29 y 30 de septiembre para escuchar a especialistas y organizaciones civiles. Entre los puntos a discusión se encuentran el interés legítimo, los plazos, la suspensión de actos de autoridad y el cumplimiento de sentencias.
Académicos como Rubén Ortega destacan aspectos positivos, como impedir que grupos criminales usen el amparo para desbloquear cuentas bancarias. No obstante, también señalan que estas medidas podrían abrir espacio para un uso político.
Por su parte, el abogado Joseph Olid Aranda alertó que la reforma fortalece el interés legítimo individual en detrimento del colectivo, lo que limitaría la defensa de comunidades y organizaciones ante abusos de autoridad. Además, advirtió que las nuevas causales de “imposibilidad jurídica o material” facilitarían que las autoridades incumplan sentencias.
La discusión refleja la tensión entre agilizar procesos judiciales y mantener intacta la esencia protectora del amparo. Lo que se resuelva en el Senado marcará el rumbo de una de las herramientas legales más importantes para la defensa de los derechos en México.
TE PODRÍA INTERESAR