La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reformas a la Ley de Amparo, con el objetivo de impedir que se usen suspensiones provisionales para descongelar cuentas y devolver bienes incautados a personas investigadas por delitos como lavado de dinero.
El planteamiento busca que los amparos se otorguen de manera efectiva y justa, pero sin que representen privilegios o frenen las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Estado en materia fiscal.
Entre los cambios propuestos se incluye que el amparo solo proceda si el quejoso demuestra una lesión jurídica real y actual, no hipotética. Además, se establece que no habrá suspensión provisional cuando ello obstaculice investigaciones de lavado de dinero, créditos fiscales firmes o facultades del Estado sobre deuda pública.
Los datos detrás de la reforma
De diciembre de 2018 a agosto de 2025, se promovieron 3,659 amparos contra la UIF por el bloqueo de cuentas, lo que resultó en el desbloqueo de más de 59 mil millones de pesos a través de suspensiones y ejecutorias de amparo.
El gobierno considera que estas suspensiones han debilitado la lucha contra el crimen organizado y la evasión fiscal, además de afectar la recaudación. Por ello, se propone armonizar la Ley de Amparo con el sistema de juicios en línea y con otras disposiciones fiscales, para agilizar procesos y evitar dilaciones innecesarias.
De manera paralela, Sheinbaum también presentó una reforma a la Ley Federal de Protección Industrial, enfocada en mejorar la transferencia de tecnología, fortalecer la protección de patentes y alinear a México con prácticas internacionales, de cara a la revisión del T-MEC.
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