El reciente debate sobre el presupuesto 2025 del Poder Judicial ha puesto sobre la mesa cuestionamientos sobre la equidad y la austeridad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Con recortes que afectan directamente a trabajadores operativos y privilegios que permanecen intocados, ¿cómo se refleja el concepto de justicia en quienes la administran?
El presupuesto 2025 de la SCJN: una visión general
Un aumento cuestionado
El Pleno de la SCJN aprobó un presupuesto de 5,923 millones de pesos, un aumento del 2.3% respecto a 2024. Este incremento ocurre en un contexto donde el Ejecutivo y el Legislativo demandan austeridad en el uso de los recursos públicos.
Recortes desde la Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados decidió reducir el presupuesto de la SCJN en un 12.7%. Ante este recorte, el 9 de enero, la Corte anunció ajustes que incluían:
- Reducción en materiales de construcción, impresiones y comunicación social.
- Recorte del 50% en el presupuesto del comedor de trabajadores.
- Suspensión del bono de fin de año para trabajadores operativos de ciertos niveles.
Privilegios que permanecen intactos
Gastos controvertidos de ministros y ministras
A pesar de los ajustes, algunos privilegios para los altos mandos del Poder Judicial permanecen sin cambios significativos:
- Apoyo para comidas: Hasta 85,000 pesos por persona.
- Seguro de separación individualizado: Beneficio para aquellos sin condiciones generales de trabajo.
- Seguro de gastos médicos mayores y medicamentos adicionales.
- Pago de colegiaturas en escuelas privadas.
Estas asignaciones contrastan fuertemente con los recortes aplicados a trabajadores operativos, lo que genera indignación entre los empleados del Poder Judicial y la opinión pública.
El impacto en los trabajadores del CJF
Protestas por recortes laborales
El CJF también propuso recortes que afectaban directamente las prestaciones laborales de trabajadores de juzgados y tribunales federales, como el fondo de reserva individualizado. Ante la presión del sindicato y las protestas, estas medidas fueron revertidas.
Falta de transparencia en nuevos ajustes
Aunque el CJF dio marcha atrás a los recortes laborales, no ha informado cuáles serán los rubros que compensarán el 17% que buscaban recortar. Este silencio genera dudas sobre la verdadera voluntad de distribuir los recursos de forma equitativa.
Justicia y equidad: el debate necesario
¿Cumple el Poder Judicial con la austeridad republicana?
El artículo 127 de la Constitución establece que ningún funcionario público debe ganar más que el Presidente de la República. Sin embargo, ministros y magistrados del Poder Judicial continúan recibiendo ingresos superiores a este límite, lo que refleja un incumplimiento prolongado de esta disposición.
Un llamado a la reforma judicial
La reciente reforma judicial busca no solo fortalecer el sistema de justicia, sino también garantizar que quienes lo administran lo hagan con principios de equidad y austeridad. Sin embargo, la resistencia a renunciar a ciertos privilegios demuestra que el cambio será un proceso largo y complejo.
¿Cómo avanzar hacia una justicia más equitativa?
Revisar los privilegios
Es fundamental que los órganos del Poder Judicial revisen y ajusten sus gastos en privilegios, destinando esos recursos a áreas que fortalezcan la administración de justicia y mejoren las condiciones laborales de sus empleados.
Promover la transparencia
La rendición de cuentas es clave. Tanto la SCJN como el CJF deben detallar públicamente cómo planean equilibrar sus presupuestos sin afectar a los trabajadores operativos.
Alinear con la austeridad republicana
Cumplir con la Ley Federal de Austeridad Republicana no solo es un mandato legal, sino también una oportunidad para que el Poder Judicial recupere la confianza ciudadana.
¿Una reforma pendiente?
El presupuesto de la SCJN para 2025 evidencia un desequilibrio entre los privilegios de sus altos mandos y los recortes que afectan a los trabajadores operativos. Si el Poder Judicial quiere liderar con ejemplo, debe priorizar la equidad, eliminar excesos y alinear su funcionamiento con los principios de justicia que representa.
La verdadera reforma judicial no solo está en las leyes, sino en las acciones de quienes administran la justicia en México.
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