“Se trata de una omisión grave”. Así lo describieron senadores de distintos grupos parlamentarios al hablar de la conducta del ex titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero. Esa omisión grave —que marca el inicio de este relato— no era un detalle menor: durante seis años no envió al Senado el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, un documento obligatorio que, por ley, debía entregarse desde el inicio de su gestión y actualizarse cada tres años.
El hallazgo sorprendió a muchos ciudadanos, pero no a los legisladores que llevaban tiempo señalando inconsistencias en su gestión. Para ellos, este incumplimiento no solo era preocupante, sino suficiente para justificar su remoción… si la renuncia no hubiera llegado antes.
La obligación legal que nunca se cumplió
El artículo 88 de la Ley de la Fiscalía General de la República es claro: el fiscal debe entregar al Senado ese plan estratégico, y la Cámara Alta tiene 60 días para dictaminarlo. Sin embargo, Gertz Manero no lo envió ni al inicio de su administración ni en ningún momento durante los seis años que estuvo al frente de la FGR.
Para los senadores consultados, esta falta era más que una irregularidad administrativa. Constituía, según sus palabras, la violación directa de deberes constitucionales vinculados a la legalidad, profesionalismo y rendición de cuentas.
Un plan que define la columna vertebral de la Fiscalía
A mitad de este análisis regresa el concepto clave: la omisión grave. ¿Por qué era tan importante ese plan? Porque el documento no es un mero anexo técnico, sino la guía operativa que determina:
- las estrategias institucionales,
- los objetivos de corto, mediano y largo plazo,
- las prioridades de investigación,
- la eficiencia de la persecución penal,
- y el uso de los recursos humanos y financieros.
Es, en términos prácticos, la columna vertebral del funcionamiento de la FGR. Evadir su elaboración, coinciden los legisladores, significa operar sin un mapa institucional claro y sin la supervisión que el Senado está obligado a ejercer.
El documento que sí llegó: un informe reservado
Cuando Claudia Sheinbaum mencionó públicamente que el Senado le había entregado un documento relacionado con el desempeño del ex fiscal, muchos esperaron claridad. Pero dicho informe —que detallaba la omisión grave y otras inconsistencias— no se hizo público.
Legisladores del bloque mayoritario explican que dicho incumplimiento configuraba causal de remoción. Sin embargo, aseguran que el proceso ya no fue necesario al presentarse la renuncia.
El reto para la nueva o el nuevo fiscal
El marco legal es inequívoco: quien llegue al frente de la FGR deberá presentar el Plan Estratégico de Procuración de Justicia desde el primer día.
El documento debe construirse con base en análisis de incidencia delictiva, informes sobre víctimas, violaciones a derechos humanos y la opinión del Consejo Ciudadano. No es un trámite, es una obligación que define el rumbo de la institución.
Además, este plan debe partir de un diagnóstico realista sobre capital humano y recursos financieros disponibles, elementos que históricamente han puesto en aprietos a la institución.
¿Qué representa esta omisión para el país?
Más allá del nombre del ex fiscal, este episodio abre un debate profundo sobre la transparencia, la supervisión legislativa y la fortaleza institucional. La omisión grave, repetida por senadores de todas las bancadas, se convierte en una metáfora incómoda: ¿cuántas decisiones estratégicas se tomaron sin un plan? ¿Cuántos procesos quedaron sin seguimiento formal? ¿Cuánto puede afectar esto a las víctimas y a la eficacia del sistema penal?
Un cierre marcado por la omisión grave
La renuncia de Alejandro Gertz Manero cerró un capítulo, pero abrió otro igual de complejo: el de revisar las obligaciones esenciales para garantizar una Fiscalía transparente, eficiente y supervisada. Legisladores coinciden en que lo ocurrido no puede repetirse y que la estructura institucional debe fortalecerse para evitar nuevos vacíos.
Al final, como al inicio, la palabra que resume todo es la misma: omisión grave. Una falta que, según los senadores, ameritaba el cese del ex fiscal y que hoy define el debate público sobre la Fiscalía General de la República.
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