Hablar de la Ley de Aguas en México es hablar de una historia de tensiones, reformas incompletas y decisiones que han marcado el acceso al agua para millones de personas. Lo que hoy vuelve a encender la discusión nacional no es sólo una reforma más, sino la preocupación legítima de que los cambios recientes podrían perpetuar más de 30 años de desigualdad hídrica.
La noticia corrió rápido: organizaciones ciudadanas, académicos, expertos y más de 80 colectivos denunciaron que el nuevo dictamen de la Ley General de Aguas mantiene intactas las bases de la llamada “ley salinista”. Para muchos, esto significa una continuidad de prácticas que han permitido la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de cuerpos de agua y la marginación de comunidades enteras.
Un dictamen que revive viejas preocupaciones
Las organizaciones agrupadas en Agua para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua compartieron un mensaje claro: los cambios propuestos son mínimos y no responden a las demandas ciudadanas planteadas en los parlamentos abiertos.
Por el contrario, aseguran que el dictamen conserva las mismas estructuras que han favorecido a grandes concesionarios y que han debilitado los mecanismos de protección ambiental.
El mayor foco rojo es un capítulo completo dedicado a incentivar la privatización de obras hidráulicas. No es un tema nuevo: desde los años noventa, la participación de empresas privadas en sistemas de agua y saneamiento ha generado conflictos en varias regiones del país, con experiencias que muchas comunidades califican como desastrosas.
Privatización, concesiones y una larga sombra histórica
A mitad de este análisis, volvemos al centro de la discusión: la Ley de Aguas. Las organizaciones aseguran que el nuevo dictamen mantiene espacios legales para que grandes corporaciones accedan a concesiones de forma discrecional, pagando derechos preferenciales o incluso nulos.
Ese sistema, señalan, ha sido uno de los responsables de que industrias con enorme consumo de agua —como la agricultura intensiva y el sector cervecero— hayan logrado operar en zonas con acuíferos sobreexplotados.
En contraste, comunidades rurales, pueblos originarios y zonas marginadas siguen padeciendo escasez crónica, cortes constantes y falta de infraestructura básica. El desequilibrio, para las ONG, no es accidental: es resultado directo de un marco legal diseñado para beneficiar a unos cuantos.
El reclamo de expertos y académicos
Expertos en política hídrica que participaron en audiencias públicas denuncian que sus propuestas fueron ignoradas. Entre ellas:
- integrar mecanismos reales de participación comunitaria,
- fortalecer la vigilancia del uso industrial del agua,
- prohibir la privatización de sistemas de suministro,
- establecer límites más estrictos a concesiones en acuíferos críticos,
- garantizar el derecho humano al agua como principio rector.
La ausencia de estos elementos en el dictamen actual alimenta la sospecha de que se busca mantener el modelo vigente, no transformarlo.
La visión de quienes impulsan el cambio
Desde el otro lado, legisladores que apoyan la reforma justifican que el documento es un “primer paso” hacia un nuevo modelo hídrico. Sin embargo, las ONG advierten que un primer paso no debe significar retroceder o perpetuar prácticas que han generado desigualdad durante décadas.
El miedo es claro: si la ley se aprueba tal como está, podría consolidar aún más la privatización en un momento donde la crisis del agua afecta a ciudades completas.
México enfrenta una decisión crucial
La discusión sobre la Ley de Aguas no es técnica, ni burocrática. Es profundamente humana. Determina qué comunidades tendrán acceso digno al agua, qué industrias seguirán explotando acuíferos y qué modelo de gestión regirá los próximos años.
Las organizaciones advierten que la ley salinista podría perpetuarse, mientras miles de personas siguen enfrentando escasez, contaminación y desigualdad.
Lo cierto es que México está ante una encrucijada histórica: decidir si mantiene un sistema desgastado o si finalmente construye una política hídrica justa, sostenible y basada en derechos humanos. Y esa decisión, como al inicio y la mitad del artículo, vuelve a una sola palabra que define el futuro del país: Ley de Aguas.
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