La Cámara de Diputados aprobó este 18 de septiembre, en un proceso considerado fast track, la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que busca poner freno a los cobros automáticos de suscripciones y membresías.
Con 438 votos a favor, la iniciativa presentada por Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), avanzó en San Lázaro y ahora pasará al Senado para su análisis y discusión.
¿Qué establece la nueva ley de cancelación de suscripciones?
De acuerdo con la reforma, los proveedores deberán informar de manera clara y visible si el servicio implica pagos recurrentes, su periodicidad, monto y fecha de cobro.
Además, cualquier cargo automático necesitará el consentimiento expreso e informado del consumidor, lo que significa que ninguna empresa podrá cobrar sin autorización previa.
También se establece que las renovaciones automáticas deberán notificarse con al menos cinco días naturales de anticipación, permitiendo al cliente cancelar el servicio sin penalizaciones.
El “calvario” de cancelar un servicio
Durante la discusión, Ricardo Monreal compartió una experiencia personal para ilustrar la necesidad de la reforma. Contó que al intentar cancelar una suscripción de entretenimiento fue sometido a largas vueltas y trámites presenciales, lo que derivó en cobros indebidos y en su ingreso al buró de crédito:
“Me pidieron que fuera personalmente, porque no aceptaban cartas poder. Me formé, me citaron a la siguiente semana, y tampoco se pudo cancelar. Cancelé la tarjeta para no pagar algo indebido y aun así terminé en buró de crédito”, relató.
¿Cómo funcionará la cancelación de suscripciones con la reforma?
La ley obliga a los proveedores a implementar un mecanismo que permita a los usuarios cancelar de forma inmediata y sencilla cualquier servicio, suscripción o membresía, sin trabas burocráticas ni cargos extra.
Esto aplicará para servicios como plataformas de streaming, música, videojuegos, aplicaciones digitales o servicios telefónicos, donde las quejas por cancelaciones imposibles se han multiplicado en los últimos años.
La reforma busca evitar que miles de personas terminen en buró de crédito por cargos automáticos injustificados.
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