La Ley de Amparo se ha consolidado como un pilar del sistema jurídico mexicano, permitiendo a los ciudadanos proteger sus derechos frente a actos de autoridades que violen la Constitución. Sin embargo, el proceso ha sido criticado por su complejidad y exceso de recursos que dilatan la resolución de los casos.
En este contexto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, señaló que la reforma aprobada esta semana por el Senado de la República es necesaria, pero la retroactividad de las nuevas disposiciones podría generar conflictos legales y vulnerar la seguridad jurídica.
Reforma a la Ley de Amparo: objetivos y ajustes
El objetivo central de la reforma es modernizar el proceso de amparo, simplificando procedimientos y evitando abusos, especialmente en casos de créditos fiscales. Entre los cambios más importantes se encuentra:
- Posibilidad de negar la suspensión cuando afecte el interés social o el orden público.
- Reducción de la burocracia en los juicios y simplificación de medios de impugnación.
- Mejora en la ejecución de sentencias, evitando dilaciones innecesarias.
Aguilar Ortiz enfatizó que los ajustes son clave para fortalecer los derechos de los ciudadanos, pero insistió en que el artículo transitorio de la reforma, que contempla la retroactividad, requiere correcciones para no afectar casos anteriores.
Productividad histórica de la SCJN
Desde que la nueva Corte entró en funciones, la SCJN ha logrado incrementar significativamente su productividad. Aguilar Ortiz comparó cifras históricas:
- De 2003 a 2024, el pleno resolvía de 1 a 5 casos por sesión.
- Actualmente, entre el 11 de septiembre y el 1 de octubre, se resolvieron 116 casos, con un promedio de 12 casos por sesión.
Este aumento demuestra la eficacia de los nuevos mecanismos y el compromiso de la Corte por acelerar la justicia sin sacrificar la calidad de las decisiones.
Impacto esperado de la reforma
Con esta modernización, se espera que los ciudadanos puedan acceder a la justicia de manera más rápida y eficiente, reduciendo los tiempos de resolución y limitando el uso indebido de recursos legales. No obstante, la advertencia de Aguilar sobre la no retroactividad resalta la necesidad de equilibrar innovación legislativa y seguridad jurídica.
La reforma representa un paso importante para fortalecer la justicia en México, protegiendo derechos sin comprometer la estabilidad del sistema legal.
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