El combate a la extorsión, uno de los delitos que más lastiman a la ciudadanía y al sector productivo, será una prioridad del nuevo gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío de una iniciativa de reformas legales que busca reforzar la lucha contra este crimen, endurecer las penas y unificar su tipificación en todo el país.
Durante la conferencia presidencial, la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, explicó que la propuesta forma parte de una estrategia integral para enfrentar la extorsión con inteligencia, coordinación y sanciones más severas.
Una reforma para unificar criterios y cerrar vacíos legales
La iniciativa de Claudia Sheinbaum plantea la modificación del Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes de Delincuencia Organizada y de Extinción de Dominio. Su propósito central es establecer un tipo penal único que permita homologar las sanciones en las 32 entidades federativas.
Hasta ahora, cada estado ha tipificado de manera distinta el delito de extorsión, lo que ha generado discrepancias legales y ha dificultado las investigaciones. Con esta reforma, el gobierno busca eliminar esos vacíos y garantizar que las víctimas reciban justicia sin importar el lugar del país en que se cometa el delito.
Penas más severas y persecución de oficio
Según el proyecto, la extorsión será castigada con penas que van de 6 a 15 años de prisión, además de multas económicas significativas. También se establecen agravantes en casos donde el delito implique cobro de piso, se cometa desde centros penitenciarios o involucre a funcionarios públicos.
Ernestina Godoy subrayó que el delito deberá perseguirse de oficio, lo que significa que las autoridades podrán actuar sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal. Esta medida busca romper el círculo de miedo y silencio que rodea a muchas víctimas de extorsión, quienes en ocasiones temen represalias.
Protección a migrantes, menores y víctimas vulnerables
La iniciativa también contempla agravantes en los casos donde las víctimas sean menores de edad, migrantes o personas en situación de vulnerabilidad. En estos escenarios, las sanciones podrían aumentar significativamente.
De igual forma, cuando las extorsiones sean perpetradas por funcionarios públicos o con la complicidad de autoridades, las penas se elevarán de manera automática. Con ello, se busca enviar un mensaje claro contra la impunidad y la corrupción en las estructuras del Estado.
Extorsión desde cárceles: una prioridad en la estrategia
Uno de los puntos más relevantes de la reforma se centra en frenar las extorsiones cometidas desde centros penitenciarios. A lo largo de los últimos años, diversos grupos criminales han operado desde las cárceles, coordinando llamadas de amenaza o cobro de piso a comerciantes, transportistas y empresarios.
La propuesta de Sheinbaum establece mecanismos para rastrear y sancionar con mayor rigor estos delitos, mediante la cooperación entre el sistema penitenciario, las autoridades de inteligencia y la policía cibernética.
Estrategia Nacional contra la Extorsión
La consejera Jurídica destacó que estas reformas elevarán a rango de ley la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una política integral que combinará investigación, inteligencia y prevención. Este plan se integrará a la Política de Seguridad Pública basada en la atención a las causas, el fortalecimiento institucional y la coordinación intergubernamental.
“Esta iniciativa contribuye a la política nacional que busca combatir, enfrentar y frenar el avance de este fenómeno delictivo que ha afectado a nuestra sociedad”, señaló Ernestina Godoy. Recalcó que el gobierno federal busca una intervención reforzada y coordinada de las instituciones del Estado mexicano para erradicar la extorsión.
Coordinación entre los tres niveles de gobierno
La reforma también apunta a mejorar la comunicación entre las dependencias federales, estatales y municipales. Bajo un mismo marco legal, se pretende que la información y las investigaciones fluyan con mayor rapidez, lo que permitirá actuar con eficiencia en los casos detectados.
De esta forma, las autoridades podrán compartir bases de datos, reportes de inteligencia y antecedentes penales para identificar patrones delictivos y desmantelar redes criminales. El objetivo es reducir el margen de operación de los grupos dedicados a este delito y garantizar una respuesta inmediata del Estado.
Impacto en la política de seguridad nacional
El anuncio de Claudia Sheinbaum marca un paso importante en la reconfiguración de la política de seguridad. A diferencia de estrategias anteriores centradas en la reacción y la fuerza, esta propuesta apuesta por la inteligencia y la prevención.
La extorsión, en todas sus modalidades, ha sido uno de los delitos más difíciles de erradicar en México. Su combate requiere no solo castigos ejemplares, sino también un sistema legal uniforme y eficaz que proteja a las víctimas y debilite las estructuras criminales.
Conclusión: un mensaje de Estado frente al delito
Con esta iniciativa, el gobierno de Sheinbaum envía una señal clara de cero tolerancia hacia la extorsión. La propuesta no solo busca sancionar, sino prevenir, coordinando a todo el aparato institucional para atacar las causas y efectos del delito.
La unificación de criterios, el endurecimiento de las penas y la persecución de oficio representan un cambio estructural en la manera en que México enfrentará uno de sus mayores retos de seguridad.
La lucha contra la extorsión es también una lucha por la confianza ciudadana, la justicia y la reconstrucción del tejido social. Con esta reforma, el Estado mexicano busca recuperar el control, devolver la tranquilidad a las comunidades y cerrar el paso a la impunidad.
