La Constitución Mexicana en Crisis: ¿Qué significan las reformas para los derechos ciudadanos?
La Constitución es el alma jurídica de una nación; en ella se encuentran reflejados los derechos fundamentales de los ciudadanos y los límites del poder público. En México, la Constitución ha sido un reflejo de cambios profundos en la política y la sociedad, especialmente desde la promulgación de la Constitución de 1917. Sin embargo, la ola de reformas de los últimos años ha transformado este documento fundamental, generando incertidumbre y dudas sobre el verdadero alcance del poder y los derechos de los ciudadanos.
¿Qué sucede con la Constitución mexicana?
Hoy, la Constitución mexicana tiene 136 artículos y un volumen de palabras que la convierte en una de las constituciones más reformadas del mundo. Ha sido objeto de 769 reformas, mientras que, en comparación, la Constitución de Estados Unidos ha tenido solo 27 enmiendas en más de 227 años. Con cada reforma, México ha añadido normas, a veces en respuesta a demandas sociales, otras en función de intereses políticos temporales. Sin embargo, en los últimos seis años, los cambios han sido tan profundos que han debilitado la división de poderes y transformado la Constitución en una herramienta más de legitimación de los intereses de quienes ocupan el poder.
La pérdida del derecho de amparo: un golpe a la ciudadanía
Uno de los cambios más alarmantes de esta reforma es la restricción del derecho de amparo. Hasta hace poco, los ciudadanos podían apelar y cuestionar cualquier modificación constitucional que consideraran una amenaza a sus derechos. Sin embargo, con la reciente reforma, los mexicanos ya no podrán recurrir al amparo para protegerse de cambios impuestos, aun cuando violen derechos humanos. Esta eliminación supone un atentado a la capacidad de la ciudadanía de oponerse a los excesos del gobierno, en una decisión sin precedentes en nuestra historia.
Para el ciudadano común, la eliminación del derecho de amparo ante modificaciones constitucionales plantea una realidad peligrosa: el gobierno ahora tiene un mayor poder sobre el marco legal que rige a la nación, y sus decisiones no pueden ser cuestionadas mediante los mecanismos tradicionales.
Más reformas, menos estabilidad en el Estado de derecho
La reciente reforma constitucional sobre “supremacía constitucional” ha permitido que quienes ocupan el poder puedan promover reformas sin temor a ser impugnados, limitando la capacidad de defensa ciudadana. Este cambio representa la consolidación de un sistema en el que la Constitución deja de ser un pacto entre sociedad y gobierno para convertirse en un instrumento al servicio del poder absoluto. La idea de una Constitución que limite los abusos del poder queda desplazada, dejando a los ciudadanos con menos derechos de los que alguna vez tuvieron.
El impacto de las reformas en los derechos y el equilibrio de poder
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que el gobierno no permitirá abusos como la tortura ni expropiará la propiedad privada. Sin embargo, estos compromisos dependen únicamente de la palabra presidencial, sin el respaldo de un sistema jurídico que ofrezca un recurso efectivo para cuestionar decisiones gubernamentales que violen derechos humanos. Aunque esta no sea la intención actual del gobierno, la falta de un mecanismo de defensa podría abrir la puerta a futuros abusos.
Reflexiones sobre el futuro: una sociedad sin límites para el poder
El equilibrio entre los poderes del Estado y los derechos ciudadanos es fundamental para la democracia. Las reformas recientes eliminan prácticamente el derecho de los ciudadanos a criticar o debatir reformas constitucionales, minando la esencia de una sociedad democrática. La Constitución se ha convertido en un catálogo de buenas intenciones y reglas cuyo cumplimiento depende solo de la buena voluntad del gobierno, algo que representa una debilidad grave para el país.
¿Cómo llegamos aquí?
Muchos ciudadanos recordarán la advertencia de 2006, cuando se señalaba que el actual régimen representaba un “peligro para México.” Aquella frase, que entonces se interpretó como propaganda política, parece haberse materializado en la realidad actual del país. La concentración de poder y la transformación de la Constitución en un simple documento de legitimación para las decisiones del gobierno es una de las consecuencias de no haber reaccionado a tiempo.
Hoy, el pueblo mexicano enfrenta las consecuencias de décadas de indiferencia y falta de respuesta ante las señales de advertencia. Como dijo José María Morelos: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”. Hoy, esta visión se aleja cada vez más de la realidad, y el cambio de rumbo parece cada vez más necesario.
¿Cómo reconstruir un equilibrio en la Constitución?
Para revertir estos efectos, se necesita una reforma integral que restablezca el papel de la Constitución como un acuerdo entre sociedad y gobierno, y no como un simple recurso para legitimar el poder del gobierno en turno. El primer paso es restaurar el derecho de amparo y fortalecer la división de poderes, además de recuperar la independencia del Poder Judicial y los órganos constitucionales autónomos.
Recuperar el verdadero sentido de la Constitución no será fácil, pero es esencial para el futuro de México y la protección de los derechos de todos los ciudadanos.
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