En Morelia, el ambiente en la Fiscalía General del Estado cambió radicalmente tras la circular 5/2025 emitida por el nuevo fiscal, Carlos Torres Piña. La medida busca eliminar los llamados “moches”, prácticas en las que algunos servidores públicos exigían pagos o dádivas a las víctimas a cambio de realizar trámites o entregar servicios esenciales.
Para muchas personas que habían sido revictimizadas por estos abusos, la noticia fue recibida con alivio y esperanza. La justicia, hasta ahora condicionada, promete ser imparcial, transparente y accesible para todos.
Qué son los “moches” y cómo afectaban a las víctimas
Los “moches” son pagos o comisiones solicitadas ilegalmente por funcionarios a cambio de servicios que deberían ser gratuitos. En la Fiscalía, esto incluía:
- Recepción de denuncias o querellas
- Expedición de constancias y documentos oficiales
- Devolución de vehículos u objetos asegurados
- Restitución de inmuebles
- Entrega de cadáveres a familiares
Este tipo de prácticas generaba desconfianza y revictimización, afectando la percepción pública sobre la imparcialidad de las autoridades y obstaculizando el acceso a la justicia.
Normas estrictas para erradicar abusos
La circular 5/2025 establece que ningún funcionario podrá solicitar ni recibir pagos, ya sea en dinero o especie. Además, el documento señala que todos los procedimientos deberán apegarse a principios fundamentales como:
- Certeza jurídica
- Imparcialidad y legalidad
- Objetividad y honradez
- Gratuidad y no revictimización
- Respeto a los derechos humanos
El incumplimiento será sancionado administrativa y penalmente, con turnos directos a la Fiscalía de Asuntos Internos o a la Contraloría de la institución.
Reacción de la ciudadanía y expectativas
La sociedad michoacana ha aplaudido la medida. “Finalmente podemos confiar en que nuestros derechos serán respetados”, expresó un familiar de víctima que solicitó anonimato.Con esta acción, Torres Piña busca restablecer la confianza pública en la Fiscalía, demostrando que la justicia puede ser transparente y equitativa, sin condicionamientos económicos ni abusos hacia las víctimas y sus familiares.
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