El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, bajo investigación del Instituto Nacional Electoral por presuntamente coaccionar el voto de empleados estatales para la elección judicial mediante «acordeones» con candidatos afines.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha iniciado una investigación formal sobre el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por un presunto «operativo acordeón» destinado a influir indebidamente en la elección de jueces y magistrados del próximo 1 de junio. Se alega que la administración estatal está distribuyendo «acordeones» o listados con candidatos afines a Movimiento Ciudadano (MC) y la 4T entre empleados públicos, a quienes se estaría presionando para votar y reclutar votantes en ese sentido.
La contienda por la conformación del nuevo Poder Judicial ha tomado un giro polémico en Nuevo León. El INE confirmó este 26 de mayo el inicio de una investigación tras las denuncias sobre un supuesto esquema de coacción del voto orquestado desde el gobierno estatal que encabeza Samuel García.
¿En Qué Consiste el «Operativo Acordeón»?
Las acusaciones señalan que funcionarios del gobierno de Nuevo León estarían organizando reuniones de «capacitación» con burócratas estatales, algunas de ellas en domicilios particulares para evitar el escrutinio público. En estos encuentros, se les entregarían los llamados «acordeones»: listados con los nombres de los candidatos a jueces, magistrados y ministros por los cuales deben votar. Estos candidatos serían afines a Movimiento Ciudadano, partido del gobernador, y a la Cuarta Transformación (4T), el movimiento del gobierno federal.
Además de la indicación de voto, se estaría presionando a los empleados públicos para que recluten a un número determinado de votantes (familiares, amigos) que también sigan la línea marcada en los «acordeones». Reportes indican que incluso Servidores de la Nación, personal del gobierno federal encargado de los programas sociales, estarían participando en la distribución de estas listas de candidatos «favoritos».
Reacciones y Exigencias de Intervención
La situación ha generado fuertes críticas y la exigencia de una intervención contundente por parte de las autoridades electorales. El exsenador Roberto Gil Zuarth, por ejemplo, ha calificado el hecho como un delito electoral grave que implica el uso de recursos públicos y coacción, y ha urgido la intervención de oficio tanto del INE como de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).
Este presunto operativo ha sido comparado con escándalos electorales pasados en Nuevo León, como el de las «broncofirmas» del exgobernador Jaime Rodríguez, aunque algunos analistas sugieren que la escala del «operativo acordeón» podría ser mayor.
La investigación del INE se encuentra en una etapa inicial. Aún no se han proporcionado detalles específicos como el número de queja o quiénes son los denunciantes formales. Los próximos pasos de la autoridad electoral serán cruciales para determinar la veracidad de las acusaciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes. Este caso pone a prueba la capacidad del INE para garantizar la equidad y legalidad en un proceso electoral tan sensible como la conformación del Poder Judicial, y su autonomía frente a los poderes estatales.
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