El Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa una de sus mayores transformaciones internas en décadas. Casi mil trabajadores han solicitado sumarse al programa de retiro voluntario impulsado por la institución, un movimiento que refleja el temor y la incertidumbre generados por la inminente reforma electoral y los posibles recortes presupuestales para 2026.
“Superó todas las expectativas”, reconoció Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, al detallar que 970 empleados —entre personal administrativo y miembros del servicio profesional electoral— presentaron su solicitud para acogerse al plan.
El programa ofrece la liquidación de ley más un pago adicional equivalente a tres meses de salario y 20 días por año trabajado, un incentivo que muchos vieron como una salida digna ante el panorama incierto.
Una reforma con impacto profundo
La reforma electoral propuesta por el Poder Ejecutivo busca reducir los gastos del INE, lo que ha encendido las alarmas dentro del organismo. En paralelo, el presupuesto solicitado por el instituto para 2026 —15 mil 100 millones de pesos como base y 3 mil 119 millones precautorios para una eventual consulta popular— fue modificado antes de llegar a la Cámara de Diputados.
Según explicó la consejera Claudia Zavala, el Ejecutivo eliminó la partida precautoria sin esperar al análisis legislativo, lo que calificó como un precedente preocupante:
“Nuestro presupuesto contiene el monto precautorio porque podría haber consulta ciudadana. Esa decisión corresponde al Legislativo, no al Ejecutivo”.
Estas diferencias institucionales se suman al desgaste interno. Muchos trabajadores, con más de una década de servicio, ven venir una etapa de recortes y reestructuras que amenazan la estabilidad laboral en uno de los organismos más relevantes de la democracia mexicana.
Un futuro en revisión
El INE, con una nómina de más de 18 mil plazas a nivel nacional, enfrenta ahora un desafío operativo: procesar casi mil expedientes de retiro sin afectar su funcionamiento. La bolsa asignada de 100 millones de pesos podría no ser suficiente si la tendencia continúa.
Los funcionarios reconocen que la revisión de solicitudes se ha extendido más de lo previsto. “Es un esfuerzo enorme, mucho mayor de lo que esperábamos”, señaló Espino, subrayando la carga administrativa que implica la salida simultánea de cientos de trabajadores experimentados.
Entre recortes y responsabilidades electorales
A pesar de los ajustes, el INE debe prepararse para el proceso electoral que inicia en septiembre de 2026, según recordó Zavala. Los próximos meses serán decisivos para definir si el instituto mantiene su autonomía presupuestal o si entra en una nueva etapa marcada por la austeridad.
Mientras tanto, dentro del organismo se respira un ambiente de nostalgia y preocupación. Algunos empleados que dedicaron su vida al servicio electoral cierran un ciclo; otros temen que este sea apenas el comienzo de una transformación que podría alterar la estructura del árbitro electoral más importante de América Latina.
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