La reforma electoral conocida como Plan B es un paquete de modificaciones constitucionales y legales impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que busca transformar aspectos del sistema electoral y del uso de recursos públicos en México.
Este proyecto no solo impacta la forma en que se organizan las elecciones, sino también el funcionamiento de instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), los congresos locales y los ayuntamientos.
Revocación de mandato con el nuevo Plan B electoral
Uno de los cambios más relevantes está en la revocación de mandato. Con el Plan B, este ejercicio democrático podría realizarse en el segundo o tercer año de gobierno, siempre que lo solicite al menos el 3% de la lista nominal en 17 estados.
Antes, la consulta solo podía llevarse a cabo en un periodo limitado después del tercer año. Ahora, el margen es más amplio. Además, la reforma permitiría que las y los funcionarios sujetos a revocación promuevan el voto a su favor, siempre que no utilicen recursos públicos ni accedan a propaganda oficial.
Menos regidores en los municipios
El Plan B también modifica la integración de los ayuntamientos. Con la reforma, el número de regidores se fijaría entre siete y quince.
Esto representa un cambio importante, ya que anteriormente los estados tenían libertad para definir la estructura de sus cabildos. La medida busca reducir costos y hacer más eficiente la operación municipal.
Otro punto clave es el límite a los salarios. La reforma establece que ningún funcionario electoral podrá ganar más que la presidenta. Esto aplicaría a consejeros, magistrados y personal de alto nivel tanto del INE como de organismos electorales locales. La medida se alinea con el principio constitucional de austeridad en el servicio público.
Recortes y límites al gasto público
El Plan B también introduce restricciones presupuestales. Por ejemplo, los congresos estatales no podrán gastar más del 0.7% del presupuesto total de su entidad. En el caso del Senado de la República, se plantea una reducción acumulada del 15% en su presupuesto a partir de 2026, distribuida en varios años.
Además, se prohíben ampliaciones o transferencias que incrementen el gasto más allá de la inflación autorizada.
La reforma establece que tanto el Congreso federal como las legislaturas estatales deberán adaptar sus leyes antes del 30 de mayo de 2026. Mientras esto ocurre, las nuevas disposiciones constitucionales se aplicarían de forma directa.
¿Qué pasará con el dinero ahorrado?
Uno de los puntos más relevantes es el destino de los recursos. El dinero que se ahorre por recortes o ajustes deberá integrarse a las finanzas municipales. Estos recursos deberán destinarse a infraestructura pública, bajo criterios de transparencia y legalidad.
El Plan B no es una reforma menor. Sus modificaciones afectan desde la participación ciudadana hasta la estructura del poder local y el uso del dinero público.
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